El bloque de diputados nacionales del PRO presentó un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), al considerar que el procedimiento aprobado por la Cámara baja fue “abiertamente inconstitucional”.
El escrito fue presentado con la firma del presidente del bloque macrista, Cristian Ritondo, y cuestiona la legalidad del mecanismo utilizado para cubrir los cargos vacantes en el organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos del Estado nacional.
Según denunciaron desde el PRO, la designación de los auditores se realizó fuera del temario habilitado para las sesiones extraordinarias, en presunta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional. En ese sentido, remarcaron que el decreto presidencial que convocó al Congreso no incluía la designación de autoridades de la AGN.
El comunicado del bloque amarillo también puso el foco en las condiciones en las que se llevó adelante la votación de la resolución 7018-D-2025, sancionada durante la madrugada del 18 de diciembre, por haber sido aprobada cerca de las tres de la mañana, sin los procedimientos reglamentarios esenciales.
Para el PRO, la acumulación de estas irregularidades convierte al acto en “nulo de nulidad absoluta” y afecta no solo la validez del proceso legislativo, sino también el normal funcionamiento de los mecanismos de control institucional del Estado.
Desde el bloque señalaron además que la decisión de votar las nuevas autoridades de la AGN vulnera los derechos políticos de los diputados nacionales, en particular de aquellos que no integran la mayoría circunstancial, y altera el equilibrio institucional previsto por la Constitución.
En ese marco, los legisladores del PRO subrayaron el rol central de la Auditoría General de la Nación dentro del sistema republicano. Según expresaron, no se trata de un organismo administrativo interno, sino de un órgano constitucional clave para el control de la administración pública y el uso de los fondos del Estado.
El recurso de amparo presentado ante la Justicia solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o ejerzan funciones hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Por último, desde el PRO buscaron despejar interpretaciones partidarias y plantearon la acción judicial como una defensa institucional. Según indicaron, el reclamo no se vincula con nombres propios, sino con la necesidad de preservar la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de los órganos de control.
Cuestionamientos a la votación por la AGN
La presentación judicial detalla que la moción que derivó en la designación de los auditores de la AGN se realizó sin informe de comisión, sin dictamen previo y sin circulación anticipada de los antecedentes de los candidatos. Además, el PRO advierte que no existió acuerdo de Labor Parlamentaria ni se respetaron las formalidades reglamentarias requeridas.
Desde el bloque macrista sostuvieron que el respeto de las reglas constitucionales y reglamentarias no constituye una exigencia meramente formal, sino una garantía esencial para que todos los diputados puedan ejercer de manera efectiva la función representativa confiada por el electorado.
El amparo también remarca que una integración viciada de la AGN implica un avasallamiento de gravedad institucional, al afectar el sistema de control del Estado y la legalidad de los actos que ese organismo debe fiscalizar.
