A seis meses de comenzada la investigación, el ex presidente Alberto Fernández presentó un escrito al juez federal, Julián Ercolini, para despegarse del esposo de su exsecretaria privada, María Cantero, y bróker en la causa de los seguros, Héctor Martínez Sosa, al negar haber tenido vínculos comerciales con él.
“Nunca intercedí por él en la contratación de un seguro el Estado. Jamás me pidió que lo hiciera. No tengo ningún vínculo comercial con Héctor Martínez Sosa”, afirmó el ex jefe de Estado en relación al esposo de su secretaría privada.
Además, en el escrito de 48 páginas redactado por él mismo, calificó la causa de seguros como “ambigua y vacía de fundamento”, al ser motorizada por una información publicada por los medios Clarín e Infobae, lo que utilizado como base “para interponer denuncias a funcionarios”
“Lo más grave no es el intento de quienes ejercen la política, en forma mezquina-, de utilizar a la Justicia penal como un medio de persecución, sino que efectivamente la Justicia Federal recepte de manera automática aquellas acusaciones, instruyendo arbitrariamente causas judiciales en base a dichos de periodistas y a noticias falsas”, añadió el ex presidente.
En detalle, la Justicia Federal investiga la participación y el cobro de comisiones por parte de brokers o intermediarios de los contratos de servicios de seguros, entre los que figura Héctor Martínez Sosa, esposo de la secretaria del expresidente.
Según denunció la fiscalía, en la relación entre cliente y operador del servicio (estatales ambos) “apareció la repetida participación de personas y empresas de la actividad privada, operando como ‘intermediarias’ y ‘organizadoras’”. Las empresas investigadas habrían percibido de Nación Seguros SA, en conjunto, un total de $ 2.782 millones.
En su defensa, Alberto Fernández indicó que la denuncia tiene un “tinte ideológico” económico, libertario, toda vez que “se pone como foco de la denuncia el ‘monopolio’ en el ámbito de seguros estatales”, en consonancia con la idea de la intervención mínima del Estado en la economía.
“Simplemente cuestionaron un decreto con esa mirada ideológico-económica, que no es más que una mera oposición a la manera de gestionar el Estado, pero que de ninguna manera constituye un delito”, explicó el ex presidente y añadió: “La contratación con intervención estatal es vista como una irregularidad”.
En ese marco, tal como lo hizo en los medios, el ex presidente volvió a defender el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 823/2021 que le dio monopolio a Nación seguros. “Se trató de una decisión que buscó que el dinero que el Estado Nacional paga para asegurar sus riesgos, quede en manos del mismo Estado”, alegó.
A su vez, con duras críticas a la Justicia, el ex titular del Partido Justicialista (PJ) señaló que el decreto que firmó para obligar a contratar los seguros del Estado con Nación Seguros buscaba que las primas no fueran a parar a manos de “empresas extranjeras” , tras prever que no debía haber intermediarios, y remarcó que las comisiones habían sido limitadas en un 10%.
Por último, Alberto Fernández insistió que el juez Ercolini, a cargo de la causa de los seguros, no le da garantías de imparcialidad e insistió que el dictamen del fiscal Carlos Rívolo, “no contiene los datos mínimos para poner en movimiento la acción penal, salvo que, desde la Justicia Federal, se entiendan como suficientes datos la citación de fuentes periodísticas que no se sustentan en ningún documento, declaración u acto válido”.
Causa de los seguros: qué se investiga en el expediente que involucra a Alberto Fernández
La investigación de la causa de los seguros se inició a partir de dos denuncias radicadas ante la Cámara Federal a fines de febrero de 2024, una fue presentada por la abogada Silvina Martínez y la otra, por los diputados nacionales de la Coalición Cívica (CC), Juan Manuel López y Paula Oliveto.
En ambos escritos se hacía referencia a una nota publicada días atrás en Clarín por el director del medio, Ricardo Roa, en la que se hacía referencia a una “caja negra” de la política en ANSES. Esa misma semana, el ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, bajó cuya orbita funciona el organismo, presentó una denuncia.
De esta manera, con la nota de Clarín como fuente, las denuncias sostienen que durante la gestión del Frente de Todos la ANSES firmó un contrato con Nación Seguros SA por $ 20 mil millones. En ese marco, la aseguradora del Banco Nación “subcontrató otras aseguradoras y, como puente entre los 2 organismos estatales, a un broker, con una comisión 3 veces mayor a la del mercado: 17%”.
En ese marco, en la denuncia de los lilitos se menciona algunos los brokers presuntamente beneficiados: Pablo Torres García, dueño de la bodega Rossel Boher y la empresa Cerro Bayo, Juan Manganaro, del Grupo Gaman, que maneja Provincia ART, y el mencionado Martínez Sosa, esposo de la ex secretaría privada del ex presidente.
Además, tanto en esta denuncia como la de Silvina Martínez señalan que, el presidente de Nación Seguros SA , Alberto Pagliano, era también amigo de Alberto Fernández. Tras algunas semanas de revuelo en la opinión pública, las denuncias fueron unificadas en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini.
Vale recordar que, Ercolini fue recusado por la defensa del ex presidente, entre otros motivos, por la relación personal que mantuvo con el juez en el ámbito académico y las “situaciones de amistad y enemistad que se habrían presentado entre ambos”. Sin embargo, el pedido fue rechazado.
Cabe destacar que, durante la investigación de la causa seguros, en la pericia del telefono de la ex secretaria privada de Alberto Fernández, María Cantero, se conocieron unos chats privados entre la ex primera dama y la funcionaria, donde Fabiola Yáñez relata los episodios de violencia de género que sufría en la Quinta de Olivos acompañado de las fotos que circularon semanas atrás en los medios.
