Este martes, los diputados bonaerenses, Diego Garciarena, Soledad Alonso y Pablo Domenichini, que cuestionaron la decisión del presidente Javier Milei de postergar la aplicación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica y advirtieron que el Gobierno nacional deja sin efecto dos normas aprobadas por el Congreso y promulgadas en el Boletín Oficial.
“La universidad pública nos da las herramientas para construir nuestro propio camino y el de un país más justo”, postuló el titular del bloque UCR + Cambio Federa, Diego Garciarena, quien agregó que “defenderla no es una consigna, es una responsabilidad colectiva”.
En esta línea, el diputado bonaerense consideró que cada ajuste que aplica el Gobierno nacional es “un golpe al futuro, a la igualdad y al conocimiento como motor de desarrollo”, al tiempo que consideró que el Presidente, Javier Milei, debe evitar los artilugios e implementar ya la Ley de Financiamiento Universitario.
En ese sentido, la diputada bonaerense del bloque de Unión por la Patria, Soledad Alonso, salió al cruce del Gobierno y expresó su rechazo con dureza. “Promulgaron las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero postergaron su aplicación. Su ejecución queda condicionada a la disponibilidad de recursos”, escribió la legisladora en sus redes sociales.
Al mismo tiempo, Alonso cuestionó que “para reimprimir las boletas tras la salida de José Luis Espert sí disponían de fondos”. “Cada vez queda más claro: no es un problema de recursos, sino de prioridades”, sostuvo la legisladora bonaerense, quien advierte sobre los recortes en áreas sensibles como salud, educación y programas sociales desde hace meses.
Por su parte, el diputado del radicalismo, Pablo Domenichini, también rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, apuntó directamente contra el Ejecutivo nacional por incumplir las normas aprobadas por el Congreso. “Solo había que cumplir la ley. Ni más, ni menos”, afirmó.
“Si las universidades atravesamos dificultades para funcionar es exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo, que niega con artilugios lo que la ley dispone. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) accionaremos para garantizar su cumplimiento”, disparó con bronca el dirigente universitario, que enfatizó que la decisión de Milei afecta el funcionamiento de las instituciones y pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas.
Es preciso mencionar que, las declaraciones de ambos legisladores reflejan el malestar que generó la resolución del Gobierno nacional, formalizada a través de los decretos 759 y 760, en los que el Poder Ejecutivo promulgó las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica, pero al mismo tiempo postergó su aplicación al condicionarla a la “disponibilidad de recursos”. De esta manera, las normas quedan sin efecto operativo, a pesar de haber sido aprobadas con amplio consenso y publicadas oficialmente.
El argumento de la Casa Rosada fue que la puesta en marcha de ambas leyes “generaría un impacto fiscal insostenible en un contexto de ajuste presupuestario”. En el caso de la Ley de Financiamiento Universitario, el decreto señala que la actualización automática de los gastos de funcionamiento y salarios del sistema universitario nacional implicaría un costo adicional de más de $123 mil millones en 2024, más de un billón de pesos en 2025 y más de dos billones en 2026, tras un cálculo que surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre mayo y diciembre de 2024, que acumularía un 34,89% de incremento.
El texto oficial también detalla que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 fue del 220,45%, mientras que la recomposición salarial de los trabajadores universitarios alcanzó solo el 128,49%. Según las proyecciones del Ejecutivo, para igualar el poder adquisitivo perdido se requeriría un aumento del 40,25% y la incorporación al salario básico de sumas no remunerativas, lo que elevaría los costos en cientos de miles de millones de pesos.
En paralelo, la Ley de Emergencia Pediátrica establecía un refuerzo de partidas para hospitales infantiles, la recomposición de salarios y la exención del impuesto a las ganancias para médicos y especialistas de áreas críticas. El Gobierno estimó que su aplicación requeriría $196.270 millones, monto que supera la disponibilidad del Ministerio de Salud y representa el 30% de los fondos nacionales destinados a medicamentos y tecnología sanitaria.
En los decretos, el Ejecutivo también remarcó que el Congreso “no identificó de manera expresa las fuentes de financiamiento” para las dos leyes, lo que —según argumentó— contraviene la Ley de Administración Financiera. Por esa razón, resolvió no avanzar con su ejecución hasta que se establezcan partidas presupuestarias específicas. No obstante, para los legisladores opositores, se trata de una decisión política que evidencia las prioridades del Gobierno de Milei, centradas en el ajuste y no en el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales.
Como Garciarena, Alonso y Domenichini, trabajadores se unen contra Milei
Este martes, el Gobierno nacional de Javier Milei quedó nuevamente enfrentado con los sectores que reclaman la puesta en marcha de la asistencia prevista por ley. Es que, trabajadores de la salud pediátrica, organizaciones universitarias y colectivos vinculados a la discapacidad se unieron para movilizar hacia Plaza de Mayo y reclamar la aplicación efectiva de las normas que los protegen.
Cabe recordar que, la protesta de los tres sectores exige la entrada en vigencia de las leyes de Financiamiento Universitario, Emergencia Pediátrica y Emergencia en Discapacidad que fueron aprobadas por el Congreso y promulgadas formalmente, pero su ejecución quedó suspendida por decisión del Poder Ejecutivo, que argumenta la falta de financiamiento.
Es preciso mencionar que, los gremios universitarios, las asambleas del Hospital Garrahan y agrupaciones dedicadas a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad señalaron que la decisión del Ejecutivo implica un desconocimiento del mandato legislativo, ya que las normas fueron tratadas, votadas y ratificadas tras los vetos presidenciales. La concentración se realizará en Plaza de Mayo a las 16 horas, donde será leído un documento conjunto.
Desde las organizaciones que nuclean al sector de la discapacidad se informó que la manifestación será la continuidad de las acciones iniciadas el viernes pasado frente a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde no fueron recibidos por las autoridades. “Nos cerraron las puertas. No nos quisieron atender”, denunció Rocío Librandi, integrante del Frente de Lucha Tribuna Disca y prestadora en el sistema de atención, al remarcar que la medida busca visibilizar “la violencia institucional con la cual se maneja este Gobierno”.
