La diputada de Fuerza Patria, Soledad Alonso, presentó un proyecto de ley para crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL), un organismo orientado a prevenir, relevar y erradicar este tipo de prácticas en el ámbito laboral. La iniciativa apunta a abarcar tanto al sector público como al privado dentro de la provincia de Buenos Aires con el objetivo de mitigar los episodios violentos en los trabajos.
El texto establece que el Observatorio funcionará como un espacio de producción y sistematización de información, que permita diseñar políticas públicas eficaces frente a una problemática que afecta a trabajadores de distintos sectores. En ese sentido, la propuesta normativa delimita que el organismo tendrá un rol técnico, basado en la recolección, monitoreo y análisis de datos vinculados a situaciones de violencia y acoso laboral.
En el escrito, la legisladora kirchnerista plantea que el Observatorio tendrá entre sus funciones centrales la elaboración de diagnósticos sobre esta problemática, a partir de la identificación de patrones, modalidades y contextos en los que se producen las situaciones de acoso. A partir de esta información, el organismo podrá sugerir líneas de acción concretas orientadas a la prevención y erradicación de estas conductas en los lugares de trabajo.
En tanto, el articulado prevé que el OEVAL diseñe programas de difusión, concientización y capacitación, dirigidos tanto a sindicatos como a empresas y asociaciones empresariales. De esta manera, el proyecto busca que estos actores incorporen mecanismos preventivos en sus prácticas cotidianas, así como en los instrumentos derivados de la negociación colectiva, con el objetivo de reducir la incidencia de la violencia laboral.
Por otra parte, la iniciativa de Alonso contempla que la entidad brinde asistencia técnica a las organizaciones sindicales y empresas que requieran orientación en materia de prevención y abordaje del acoso laboral. En paralelo, el Observatorio recibirá información periódica de organismos públicos y privados sobre denuncias y sumarios iniciados, pero no podrá intervenir en los procesos administrativos o judiciales.
En cuanto a su estructura, el ente provincial contaría con un Consejo Asesor integrado por representantes de los tres poderes del Estado, así como por miembros de la Defensoría del Pueblo y de asociaciones sindicales. El esquema busca garantizar una mirada plural sobre la problemática, con participación institucional y gremial en el seguimiento de los casos.
Además, el diseño del organismo prevé que los integrantes del Consejo desarrollen sus funciones ad honorem, con reuniones periódicas convocadas por la autoridad de aplicación. De este modo, el proyecto intenta consolidar un ámbito de coordinación que articule entre las distintas áreas del Estado, con los actores sociales vinculados al mundo del trabajo.
Vale precisar que Alonso vincula su propuesta con la Ley Nacional 27.580, mediante la cual la Argentina ratificó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en línea con la necesidad de adecuar las herramientas provinciales a estándares internacionales.
Además, la iniciativa forma parte de una agenda que la legisladora viene impulsando desde hace varios períodos parlamentarios. De hecho, el proyecto para crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral ya había ingresado en 2022, cuando obtuvo despacho favorable en comisión, aunque luego perdió estado parlamentario sin llegar al recinto.
Durante 2024, la propuesta volvió a cobrar impulso en la Cámara baja, donde obtuvo media sanción en el recinto pero volvió a naufragar al llegar a su discusión en el Senado. En aquella oportunidad, la representante de la Primera sección presentó un articulado similar, que incluía la creación de un registro de casos, así como el diseño de programas de concientización y prevención para abordar la problemática de manera integral.
Finalmente, Alonso cerró su nuevo proyecto con un planteo sobre la necesidad de avanzar con herramientas concretas para fortalecer la prevención y el abordaje de la violencia laboral en la provincia de Buenos Aires. “Resulta fundamental el rol del Estado como garante del cumplimiento de las leyes dentro de su jurisdicción al realizar políticas activas de protección para las y los trabajadores víctimas de violencia y acoso laboral”, concluyó la referente del oficialismo.
