La comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados bonaerense dictaminó un proyecto que busca crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral (OEVAL), destinado a la prevención y erradicación de todas las formas de violencia contra los trabajadores en la provincia de Buenos Aires.
Se trata de una iniciativa de la diputada sindical de Unión por la Patria y titular del cuerpo parlamentario, Soledad Alonso, que a mediados de 2022 también obtuvo un despacho favorable, pero luego perdió estado parlamentario y nunca vio la luz del recinto de la Cámara baja.
En este nuevo período parlamentario Alonso, que también oficia de secretaria adjunta del Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (SECASFPI), volvió a la carga con la idea de crear el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral.
El articulado de la diputada peronista define al observatorio como un “órgano multisectorial e interdisciplinario destinado a la prevención de todas las formas de violencia laboral ejercidas contra las y los trabajadores que tienen actividad tanto en el sector público, como privado”.
Asimismo, la propuesta legislativa precisa que el observatorio tendrá como misión la “recolección, monitoreo, producción, registro, y sistematización” de datos sobre violencia y acoso laboral para impulsar la puesta en marcha de políticas públicas para combatir este flagelo.
Además, el Observatorio Estatal de Violencia y Acoso Laboral tendrá como misión diseñar programas, producir material, recibir informes, crear un registro de casos, asistir a sindicatos, empresas y asociaciones, realizar informes, sugerir acciones y elaborar estadísticas, entre otras.
“El observatorio actuará como un órgano de consulta, seguimiento, asesoramiento, y facilitador de acciones y gestiones derivadas en ocasión de tomar conocimiento de una denuncia y de allí extraer conclusiones globales, generales, imparciales y poder emitir un informe semestral”, añade la legisladora oriunda de Campana.
En tanto, Alonso plantea que el observatorio de violencia laboral estará integrado por tres representantes del Poder Ejecutivo, dos del Judicial, cuatro del Legislativo (dos diputados y dos senadores), un representante de la Defensoría del Pueblo bonaerense, y dos referentes gremiales.
“Resulta fundamental el rol del Estado como garante del cumplimiento de las leyes al realizar políticas activas de protección de las y los trabajadores víctimas de violencia y acoso laboral”, argumenta Alonso en los considerandos de su proyecto de ley.
La iniciativa de la diputada sindicalista obtuvo el visto bueno de la comisión de Trabajo, mientras el Congreso nacional debate la Ley Bases impulsada por Javier Milei que extiende el período de prueba de los trabajadores, deroga multas por empleados no registrados y reemplaza las indemnizaciones laborales, entre otras desregulaciones.
En este contexto, en la Cámara de Diputados bonaerense, también avanza otro proyecto de ley que va en la dirección contraria a las políticas fogoneadas por el Ejecutivo nacional, de autoría de la legisladora camporista Maite Alvado y de Alonso, que modifica la forma en que se calculan los intereses en las sentencias por juicios laborales.
