(*) Por Soledad Alonso
Cada vez es más frecuente ver trabajadores que suman empleos extra, hacen ‘changas’ durante la semana o los fines de semana, extienden su jornada o se incorporan a la economía de plataformas para completar ingresos. Tener empleo ya no garantiza estabilidad: cada vez más personas trabajan más horas para poder cubrir lo básico, comer, atender la salud, sostener la educación, y, aun así, no logran llegar a fin de mes. La precarización como modelo.
Lejos de ser una situación aislada, se trata de un fenómeno que viene creciendo de manera sostenida. Hace tiempo venimos advirtiendo que el trabajo informal se expande al ritmo de la precariedad, configurando un escenario en el que la inestabilidad deja de ser la excepción para convertirse en regla en la Argentina de Milei.
En este contexto, el universo del trabajo informal no deja de crecer. Con la sanción de la reforma laboral, cuyos artículos más regresivos fueron frenados por la Justicia, se profundiza el rumbo del gobierno de Milei contra los trabajadores. De la promesa de hacer crecer el país y de ir contra la “casta”, queda una realidad cada vez más evidente: peores condiciones materiales y de vida para el pueblo trabajador.
Los indicadores acompañan este deterioro. Aumenta la informalidad, crece la morosidad y el endeudamiento se vuelve parte de la vida cotidiana. Nueve de cada diez hogares recurren al crédito para financiar gastos corrientes. O por ejemplo, el crecimiento en el patentamiento de motos podría leerse como el reflejo una salida obligada: cada vez más personas recurren al trabajo autónomo y a las aplicaciones de reparto ante la falta de empleo formal. Dos caras de una misma moneda.
Porque el problema es que esa salida, en muchos casos, también está financiada con deuda. Es decir, no solo hablamos de trabajos precarios, sino de trabajadores que asumen deudas para sostener una salida laboral incierta. Hoy no solo se trabaja para vivir: se pide prestado para poder trabajar. Se aceptan retiros voluntarios con la expectativa de emprender por temor a no aceptarlo y que luego venga el despido; se sacan créditos para manejar un auto o una moto; se apuesta a una autonomía que muchas veces encubre desprotección. Detrás de eso hay un claro traslado del riesgo hacia los trabajadores, que hoy sostienen con deuda lo que antes protegía el sistema.
Hoy el desafío sigue siendo atender las causas: generar condiciones para el empleo formal, cuidar el entramado productivo y evitar que la precarización y el endeudamiento se conviertan en la única alternativa.
Sin un Estado que intervenga para generar trabajo genuino, que impulse la producción y proteja la industria nacional frente a importaciones indiscriminadas, corremos el riesgo de repetir una historia conocida. En los años 90, el achique del Estado y la destrucción del empleo derivaron en una proliferación de emprendimientos de subsistencia, kioscos, taxis, parripollos, que, por la sobreoferta, terminaron en su mayoría fundiendo, dejando a miles de familias sin ingresos y además endeudadas.
Frente a la precarización como modelo, los salarios bajos y el avance sobre los derechos de las y los trabajadores, la salida sigue siendo colectiva: organización, unidad y un proyecto que vuelva a poner al trabajo en el centro del desarrollo. Porque si el mundo del trabajo cambió, la respuesta no puede ser resignar derechos, sino construir nuevas herramientas para garantizarlos.
