Este sábado, el Estado argentino reconoció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su responsabilidad internacional por los delitos de lesa humanidad perpetrados a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Asimismo, el país se hizo responsable de la violación al derecho a la justicia y el encubrimiento en el caso AMIA, dado que los jueces, fiscales, fuerzas de seguridad, servicios de inteligencia y las autoridades del Poder Ejecutivo decidieron acusar a inocentes y proteger sospechosos.
“El juez, sus empleados, los fiscales, la Secretaría de Inteligencia, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y la policía concretaron la peor bajeza institucional desde el retorno de la democracia”, dijo ante los jueces de la CIDH la coordinadora de la Unidad AMIA del Ministerio de Justicia, Natalia D’Alessandro.
Este reconocimiento del Estado fue en el final de la audiencia del caso AMIA ante la Corte Interamericana, donde Memoria Activa llevó su reclamo contra la Argentina, con el patrocinio del Centro de Estudios Legales y Sociales.
Con esta confesión, la Corte dictará una condena contra la Argentina en los próximos meses, que contemple obligaciones institucionales con respecto a la causa AMIA, al funcionamiento de la justicia y a la reparación económica.
Dicha retribución monetaria, incluye indemnización, gastos, viáticos y honorarios de abogados, que solicitó Memoria Activa y el CELS para el caso AMIA, que suman USD 700.000, mientras que los montos menores serían para resarcir a los familiares de las víctimas.
En ese sentido, el vicepresidente de la Corte, Humberto Sierra Porto, dijo tener “sentimientos complejos porque el reconocimiento del Estado es más duro que la misma alegación de las víctimas” y destacó que el caso del atentado a la AMIA “es un asunto que tiene una dimensión fuera de lo común”.
“Solo los argentinos pueden llegar a acuerdos en una materia tan sensible como la organización judicial”, afirmó Sierra Porto, que subrayó: “Es el propio Estado el que debe actuar. No tienen que esperar a que la Corte les diga qué hacer.”
Por su parte, el presidente de la Corte Interamericana, Ricardo Pérez Manrique, dijo que la Argentina no debe esperar a la sentencia para cambiar lo que reclama y puso como ejemplo el hecho de que el país puede dictar medidas administrativas para tratar la documentación del caso y la desclasificación.
Además, ante los jueces de la Corte, los funcionarios del Ministerio de Justicia pidieron perdón y admitieron que el Estado fue corrupto, que no tomó las medidas de protección adecuada contra la AMIA y que no protegió a las víctimas frente al riesgo específico que corrían.
De la misma manera, los funcionarios argentinos aseguraron que la SIDE no hizo nada respecto a la información que recibió sobre Mohsen Rabbani, imputado luego en la causa AMIA, y que el patrullero que vigilaba la asociación mutual no funcionaba.
“El Estado argentino es responsable por todas las manifestaciones de impunidad, por la ocupación de la Justicia por los servicios de inteligencia, por la corrupción, por los plazos irrazonables, por el secreto, el encubrimiento y por la utilización política de la causa AMIA”, dijo Natalia D’Alesandro.
Por último, la integrante de Memoria Activa Diana Wassner, que el pasado jueves declaró como testigo de los demandantes, dijo que el reconocimiento del Estado Argentino es “alentador”, pero que se tiene que traducir en “acciones concretas”.
Vale recordar que, el ataque a la AMIA fue el mayor atentado terrorista de la historia argentina, el cual ocurrió el 18 de julio de 1994, cuando un coche bomba se estrelló contra la Asociación Mutual Israelita Argentina, dejando un saldo de 85 muertos y 300 heridos.
