La jueza Ana María Figueroa fue elegida este martes por mayoría para ser la nueva presidenta para el periodo 2023 de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal de ese fuero por debajo de la Corte Suprema de Justicia.
De esta manera, Figueroa reemplazará en el cargo a Alejandro Slokar como titular de la Cámara de Casación, un tribunal clave en el que hay varias definiciones pendientes sobre causas claves y sensibles para dirigentes nacionales, como es el caso de los expresidentes Cristina Kirchner y Mauricio Macri.
Asimismo, los jueces de la Cámara de Casación acordaron la integración de las distintas salas: Petrone, Mahiques y Barroetaveña integrarán la sala primera; Slokar, Ledesma y Yacobucci, la segunda; Borinsky y Gemignani, la tercera; mientras que Borinsky, Hornos y Carbajo, la cuarta.
En efecto, Figueroa fue electa por mayoría en un acuerdo general de Casación, en el que se mantuvo al magistrado Mariano Borinsky como vicepresidente primero y a Daniel Petrone como vicepresidente segundo del tribunal.
Cabe destacar que, Figueroa es Doctora en Derecho y en Ciencias Jurídicas y Sociales, y especialista en derechos humanos. Según surge de sus fallos anteriores, suele acompañar posturas relacionadas con la política judicial del kirchnerismo.
Entre las causas importantes que tiene para resolver para 2023, están los expedientes del caso Hotesur y los Sauces contra la vicepresidenta Cristina Krichner; la firma del Memorándum con Irán, y la revisión de la absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa en el caso de la retención de impuestos de Oil Combustibles.
Según precisaron fuentes judiciales, el esquema actual de la presidencia de la Cámara de Casación será hasta agosto del año que viene. Figueroa, cercana a cumplir 75 años, debería pedir un nuevo acuerdo del Senado en caso querer seguir en el tribunal después de esa fecha.
Además, con la integración de las salas para 2023 quedó resuelto cómo será la conformación para de los jueces en el expediente que revisará la reciente condena de Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos en el marco de la Causa Vialidad.
De acuerdo al proceso legal, la condena a Cristina Kirchner podrá ser apelada en marzo del año que viene para que sea revisada por las instancias judiciales superiores, primero por la Cámara de Casación y, finalmente, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En esa línea, Serán los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo quienes deban resolver el caso. Según indicaron fuentes judiciales, el 9 de marzo el tribunal oral dará a conocer los fundamentos y desde ahí las partes tienen 10 días hábiles para apelar la decisión.
En tanto, quien dejará su cargo como titular de la Cámara de Casación el 1 de enero de 2023, Alejandro Skloar, regresa a la Sala II, donde, entre otras causas, está la revisión del sobreseimiento dispuesto en favor de Macri, por el espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan.
Con relación a esto, la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso que el próximo 21 de diciembre se celebre la audiencia para escuchar a las partes que apelaron el sobreseimiento de Macri, entre ellas la querella que encabeza la abogada Valeria Carreras.
Los Sauces-Hotesur y la causa Vialidad
La causa Los Sauces-Hotesur tiene relación con el juicio del caso Vialidad, aunque la vinculación entre ambos expedientes judiciales que involucran a la vicepresidenta Cristina Kirchner no es necesariamente directa.
En la primera de las causas mencionadas, se investiga a la Vicepresidenta, a sus hijos Máximo y Florencia y otros treinta acusados por presunto lavado de dinero en las empresas Los Sauces y Hotesur, pertenecientes a la familia Kirchner.
De acuerdo a una de las hipótesis, el dinero en cuestión fue una devolución de favores de empresarios por los negocios que recibieron durante los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Entre los industriales involucrados se encontraría Lázaro Báez, quien actualmente se encuentra imputado en la causa Vialidad.
