Legisladores bonaerenses salieron en las últimas horas a repudiar la decisión del Gobierno nacional, a cargo de Javier Milei, de eliminar la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y trasladar sus funciones al Ministerio de Salud, en medio del escándalo de las coimas, tras los audios de su ex titular, Diego Spagnuolo.
Según explicó el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, la reestructuración administrativa no implicará recortes en pensiones ni en las prestaciones que reciben las personas con discapacidad, sino que sus funciones pasarán a la órbita de la cartera que conduce Mario Lugones.
Así, la reestructuración del organismo permitirá eliminar 16 cargos políticos y reducir en un 45,7% la estructura jerárquica del área. Según indicó Adorni, el objetivo es ordenar el sistema y asegurar que los recursos lleguen efectivamente a quienes los necesitan, luego de detectar, tras auditorías, irregularidades.
En ese contexto, la senadora bonaerense de Unión por la Patria (UxP), Fernanda Raverta, salió lapidaria a repudiar la decisión de la administración mileísta. “Cierran ANDIS ´para transparentar´audios, coimas, dólares en allanamientos y el 3% de Karina: de eso ni una palabra, al final no cierran organismos, buscan cerrar explicaciones”, escribió.
En la misma línea, su correligionario camporista, Emmanuel González Santalla, señaló que al oficialismo no les alcanzó con frenar la ley que declaraba la emergencia en discapacidad ni con dar de baja más de 170 mil pensiones, sino que ahora avanzan directamente sobre el organismo encargado de garantizar derechos y promover políticas de inclusión.
“Esta decisión expresa el profundo desprecio y el odio de este gobierno hacia los argentinos y, en especial, hacia los sectores más vulnerables”, remarcó el senador bonaerense por la Tercera sección electoral y cerró: “No es ajuste: es crueldad, no es libertad: es abandono”.
Por su parte, la diputada bonaerense electa, Romina Barreiro, opto por repostear el tweet de la jefa de gabinete del municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra. “Achicar el Estado para saquearlo, (Javier) Milei decidió eliminar la ANDIS y dejar a miles de personas con discapacidad en el abandono, los mismos corruptos que se robaron su presupuesto con coimas, dicen que es por ´falta de transparencia´”, indicó.
En tanto, la ex diputada bonaerense del radicalismo, Nazarena Mesías, también rechazó la decisión libertaria. “No les bastó con desfinanciarla y crear un esquema de corrupción para robarse el poco dinero que le asignaron, sino que ahora también la terminan de destruir por completo”, amplió.
La Justicia ordenó 15 nuevos allanamientos en la causa por las presuntas coimas en la ANDIS
La Justicia federal ordenó quince nuevos allanamientos en el marco de la causa que investiga el presunto cobro de coimas dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un expediente que salpica directamente a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su asesor más cercano, Eduardo “Lule” Menem.
Las medidas, dispuestas por el juez Sebastián Casanello a pedido del fiscal Franco Picardi, se llevaron a cabo en nueve puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en seis localidades de la provincia de Buenos Aires, en la búsqueda de teléfonos celulares, computadoras y documentación vinculada a las supuestas maniobras de corrupción.
Vale recordar que, la investigación judicial se centra en la presunta existencia de un circuito de cobro de retornos a través de contrataciones irregulares con droguerías privadas, ya que según los audios filtrados, Spagnuolo habría detallado la existencia de “compulsas de precios consecutivas” y facturas que no pasaban por los registros oficiales del Ministerio de Salud.
Así, los investigadores sospechan que las compras se realizaban sin trazabilidad, fuera de los procedimientos administrativos, y con sobreprecios de hasta un 30%, una maniobra que habría beneficiado a intermediarios cercanos a la Secretaría General de la Presidencia.
En ese contexto, el juez Casanello dispuso que las medidas judiciales se realicen sin detenciones, aunque no descartó futuras imputaciones si los peritajes sobre los dispositivos electrónicos confirman la existencia de comunicaciones entre los funcionarios y las empresas investigadas.
En paralelo, la fiscalía solicitó un relevamiento de todas las operaciones realizadas entre 2023 y 2025 por la ANDIS con laboratorios y distribuidoras de medicamentos, un trabajo que estará a cargo de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y del Banco Central, que deberán analizar los movimientos de fondos vinculados a esas operaciones.
