En las últimas horas, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Corvino, presentó un pedido de informes para que el Gobierno de Axel Kicillof detalle la situación actual de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de Agencia de Recaudación (ARBA), en el que alegó que las demoras administrativas y las fallas operativas “afectan a miles de profesionales que no pueden completar trámites esenciales para su trabajo”.
En rigor, la iniciativa solicita precisiones sobre el funcionamiento de la plataforma digital del organismo y reclama explicaciones sobre eventuales interrupciones en el servicio que, de acuerdo al planteo legislativo, impactan en la tramitación de documentación clave vinculada a inmuebles.
En paralelo, el proyecto exige que el organismo que dirige Cristian Girard detalle las razones de las demoras registradas en distintos expedientes y exponga las medidas previstas para normalizar el servicio. “Queremos saber cuáles son los planes de contingencia ante esta situación y cómo piensa la Provincia resolver la situación de fondo para normalizar la actividad”, expresó la legisladora oriunda de San Pedro.
Según detalló la diputada por la Segunda sección electoral, la situación compromete la tramitación, registración, aprobación y emisión de documentación indispensable para la actividad inmobiliaria, profesional, notarial, registral, fiscal y económica. Entre los procedimientos alcanzados se encuentran la Constitución de Estados Parcelarios, actualizaciones, subsistencias y legajos parcelarios exigidos por la normativa vigente.
En este sentido, Corvino remarcó que los trámites catastrales exceden el plano administrativo interno y cumplen una función central para garantizar seguridad jurídica en actos vinculados con bienes inmuebles. En ese sentido, la autora del pedido de informes advirtió que cualquier demora repercute directamente sobre operaciones de compraventa, transmisiones de dominio, regularizaciones dominiales, desarrollos urbanísticos, escrituras, tasaciones y habilitaciones.
Además, desde La Libertad Avanza señalaron que las dificultades administrativas generan consecuencias para distintos sectores vinculados al sistema, como lo son los escribanos, abogados, contadores, corredores inmobiliarios, arquitectos, agrimensores, ingenieros, gestores, municipios y entidades financieras figuran entre los actores alcanzados por las demoras.
Dentro de los puntos incluidos en el pedido de informes, la diputada bonaerense requiere conocer si existen planes de contingencia o protocolos de atención presencial frente a las reiteradas fallas en los sistemas de carga y validación remota, al tiempo que solicita información sobre los tiempos promedio de aprobación de planos de mensura y estados parcelarios.
Vale precisar que, la iniciativa parlamentaria de Corvino fue acompañada por los legisladores Juan Osaba, Geraldine Calvella, María Fernanda Coitinho, Pablo Morillo, Carla Pannelli y Silvina Vitale, quienes solicitaron que ARBA brinde la información precisa sobre las causas de la problemática y las acciones previstas para restablecer el funcionamiento pleno del sistema catastral bonaerense.
Crecen los reclamos contra ARBA por la situación de Catastro
La semana pasada, el titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados bonaerense, Andrés De Leo, también presentó un pedido de informes para que Kicillof detalle las causas del conflicto gremial que afecta el funcionamiento de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de ARBA. El legislador reclamó precisiones sobre la situación administrativa del organismo y advirtió por el impacto que las demoras generan sobre distintos trámites en la provincia.
En sintonía con el proyecto de Corvino, De Leo solicitó que el Gobierno informe cuáles son las áreas alcanzadas por las medidas de fuerza, la cantidad de expedientes demorados y el tiempo promedio de retraso en la resolución de actuaciones administrativas. También pidió conocer si la administración bonaerense implementó planes de contingencia para garantizar el normal desarrollo de las tareas mientras persista el conflicto.
Asimismo, el Colegio de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires expresó su preocupación por la situación y cuestionó las consecuencias que la falta de funcionamiento pleno del área genera sobre el ejercicio profesional. En ese sentido, desde la institución sostuvieron que la situación constituye un obstáculo para el normal desarrollo de la actividad profesional y advirtieron sobre su impacto en operaciones de compraventa, escrituraciones y regularizaciones.
