Un trabajador estatal que se desempeña como chofer de la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) a cargo de Cristian Girard denunció que es víctima de amenazas, persecuciones laborales y represalias internas, tras exponer diversas irregularidades dentro del organismo bonaerense y haber dado a conocer su posicionamiento político.
Según relató el empleado de la entidad en diálogo con este medio, los señalamientos comenzaron en 2017, cuando utilizó los canales oficiales de ARBA para informar que varios trabajadores del organismo no registraban correctamente sus propiedades, las cuales figuraban como terrenos baldíos, con lo cual evadían los impuestos y abusaban de su autoridad.
Entre otras irregularidades que expuso, el chofer de ARBA mencionó la malversación de viáticos en comisiones de servicio y explicó que en reiteradas oportunidades fue asignado a viajes al interior de la provincia de Buenos Aires que, en teoría, se extendían por varios días. Sin embargo, en la práctica, los traslados se resolvían en la misma jornada, mientras que los empleados cobraban los viáticos completos por horas que no cumplían. Un verdadero viva la pepa.
El conductor de vehículos oficiales también describió cómo, en una oportunidad, trasladó a un grupo de empleadas a una comisión de trabajo en el microcentro porteño y, al momento de recogerlas, tuvo que buscarlas en un shopping. “Tenían que estar en una reunión importante y estaban saliendo de compras. Cuando llegué a casa, le mandé un mail a Girard contándole lo que pasó, pero nunca pasó nada”, relató.
Sin embargo, pese cumplir con el código de ética del órgano de recaudación provincial, que obliga a denunciar posibles irregularidades, el trabajador de ARBA demandó que sus presentaciones nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades del ente, entre ellas de funcionario de Axel Kicillof a cargo.
Tras sus primeras denuncias, comenzaron a circular rumores en su contra y fue blanco de comentarios descalificadores en redes sociales. El clima de hostigamiento se agravó cuando algunos medios locales difundieron su historia y los “contraataques” no tardaron en llegar. Según relató el entrevistado, le retiraron los viajes de los sábados y lo asignaron a oficinas con horarios cambiantes, sin previo aviso y sin posibilidad de organizar su jornada laboral.
“Para mí fue un castigo. Nunca me lo dijeron de manera directa, pero me lo hicieron sentir. Por eso pedí reuniones con los gremios, con gerentes y delegados, pero siempre me dieron un no rotundo”, explicó el trabajador de ARBA, que agregó que el maltrato puede estar vinculado con sus diferencias políticas para con los integrantes del organismo, en su mayoría ultra kirchneristas.
Con casi tres décadas de antigüedad en el Estado provincial y diez años desempeñándose como chofer, el trabajador perseguido por la actual gestión bonaerense aseguró que nunca tuvo inconvenientes previos y que incluso durante la pandemia, él aceptó volver al trabajo presencial al mes de iniciado el aislamiento. Sin embargo, sus denuncias y su identificación política como militante de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, generaron un clima hostil en su entorno laboral.
“Yo nunca busqué ningún beneficio personal ni económico. He leído comentarios donde me acusan de buscar fama o de querer conseguir algún cargo político para mi familia, pero no es así. Incluso mi exmujer se anotó en ARBA en 2018 por la página oficial, como cualquier persona puede hacerlo”, explicó al respecto el chofer.
En tanto, lejos de encontrar soluciones, las represalias continuaron hasta ser convocado a una junta médica donde, de manera excepcional, le exigieron estudios psicológicos, psiquiátricos, cardiológicos y toxicológicos. En ese marco, el denunciante aseguró ser el único chofer de ARBA que tiene esos estudios actualizados. “Me trataron como si fuera un delincuente o un adicto. No veo otra explicación que no sea la persecución política”, denunció.
El hostigamiento, por caso, incluyó amenazas directas de parte de sus propios compañeros, que luego de exponer en una radio platense que en ARBA se prioriza la militancia política sobre el desempeño laboral, el chofer recibió advertencias y amenazas de agresión física dentro del espacio de trabajo.
“Me dijeron que me iban a enseñar a callarme la boca entre cinco o seis compañeros. También una empleada me contó que había un grupo organizándose para agarrarme en la calle”, relató el empleado público. Una amenaza, que fue denunciada en el ámbito judicial, pero la causa fue archivada a los pocos días.
En mayo de 2023, el damnificado solicitó la primera audiencia formal con Girard, pero por el momento no obtuvo respuestas y en total declara haber enviado ocho pedidos de reunión, donde detalló a través de varias misivas, la persecución sufrida y las irregularidades detectadas.
En ese sentido, una de las mayores preocupaciones del trabajador provincial es la falta de respuestas institucionales. No solo que sus denuncias sobre irregularidades nunca fueron investigadas, sino que además fue bloqueado de los canales oficiales de ARBA en redes sociales, donde ya no puede realizar comentarios ni etiquetar al director ejecutivo en sus publicaciones personales, ya que su cuenta fue restringida.
“Yo estoy bloqueado en la página de ARBA y en las redes de Girard, pero voy a seguir denunciando todo esto. Los empleados que tienen sus casas declaradas como baldíos siguen igual, nadie hace nada. El código de ética es claro, no podemos exigirle al contribuyente que pague cuando nosotros tenemos todo en negro”, concluyó el trabajador estatal.
ARBA vuelve a improvisar con los impuestos
La crítica del trabajador llega, en momento en los que el gobierno de Axel Kicillof volvió a improvisar con los impuestos y extendió hasta el viernes 14 de marzo el plazo para pagar con descuentos la primera cuota y el desembolso anual del Impuesto Inmobiliario Urbano. La prórroga, que se anunció a último momento, responde a la falta de planificación en la gestión tributaria provincial y genera incertidumbre en los contribuyentes que buscan aprovechar los beneficios de hasta un 15% por pago adelantado y buen cumplimiento.
La administración bonaerense intenta maquillar su falta de acuerdos políticos con la oposición legislativa reintroduciendo descuentos para quienes tienen sus cuentas al día. Sin embargo, la realidad es que el gobierno de Kicillof fracasó en la aprobación de la Ley Fiscal 2025, lo que dejó congelado el monto nominal del impuesto inmobiliario. Este estancamiento se traduce en una falta de actualización de ingresos para la Provincia, que sigue sin encontrar soluciones estructurales a su déficit.
El impacto de esta desprolijidad se hace evidente en los 7,3 millones de boletas que emite ARBA, que mantienen los mismos valores nominales que hace un año debido a la incapacidad del Ejecutivo de negociar cambios en la legislatura. Mientras tanto, el organismo recaudador ya dejó abierta la puerta para aplicar aumentos discrecionales a lo largo del año, como ya ocurrió en 2024 con ajustes inflacionarios a mitad de calendario. Es decir, los bonaerenses podrían enfrentarse nuevamente a subas sorpresivas.
