La senadora de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, volvió a pronunciarse sobre el conflicto laboral en la empresa Lustramax y cuestionó la intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense. A través de un posteo en redes sociales, la legisladora libertaria criticó la extensión de la conciliación obligatoria y denunció un clima de hostigamiento dentro de la planta.
En primer lugar, Arietto cuestionó que la cartera provincial haya extendido por cinco días la conciliación obligatoria en el conflicto de Lustramax y sostuvo que la empresa habilitó el ingreso a la planta para retomar la actividad. En ese marco, la dirigente opositora afirmó que un grupo de trabajadores en conflicto “esconde las llaves de los clarks, molesta a los trabajadores y trabaja a media máquina”, según describió.
En la misma publicación, la integrante de la bancada de senadores libertarios cuestionó el alcance de la conciliación obligatoria y advirtió que la herramienta no resuelve el conflicto de fondo. Según planteó la senadora, la medida resguarda a dirigentes políticos que evitan asumir costos y fortalece el poder de los sindicatos, a los que acusó de presionar a la patronal.
Asimismo, Arietto vinculó el conflicto con debates más amplios sobre el mercado laboral argentino, en un contexto atravesado por el debate de la reforma laboral a nivel nacional. La legisladora sostuvo que el sistema vigente “no respeta la propiedad privada e iguala al vago con el que quiere progresar”, lo que, según su criterio, explica el 40% de trabajo en negro, la pobreza estructural y la proliferación de villas.
Vale precisar que este nuevo pronunciamiento se inscribe en una serie de intervenciones públicas que Arietto ya había realizado semanas atrás sobre el mismo conflicto. En aquel momento, la senadora libertaria apuntó contra el grupo de trabajadores que lleva adelante la protesta, a los que acusó de bloquear el ingreso a la planta ubicada en Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas.
En posteos previos, la referente de La Libertad Avanza aseguró que la empresa presentó una denuncia penal por el bloqueo y cuestionó la falta de una orden judicial para liberar el acceso. Además, la parlamentaria vinculó el conflicto con un corte total en la autopista Panamericana y advirtió que la situación puso en riesgo la continuidad de “200 puestos de trabajo”.
Por otra parte, la dirigente libertaria responsabilizó de manera directa a los referentes nacionales de la izquierda, Myriam Bregman y Nicolás del Caño, por el desarrollo del conflicto, a quienes acusó de impulsar las medidas de fuerza.
En paralelo al cruce político, el conflicto laboral en Lustramax continúa abierto, luego de que la empresa despidió a 29 trabajadores, entre personal efectivo y empleados en período de prueba. Esta decisión derivó en protestas frente a la fábrica, reclamos por deudas salariales y denuncias por atrasos en los aportes a la obra social, según precisaron los delegados sindicales.
Legisladores bonaerenses se solidarizaron con los despedidos en Lustramax
Legisladores bonaerenses expresaron su solidaridad con los trabajadores despedidos de Lustramax y acompañaron el reclamo que se desarrolla en la planta ubicada dentro del Parque Industrial de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. El pronunciamiento se dio en el marco de la ocupación de la fábrica por parte de los empleados que exigen la reincorporación de los despedidos.
En ese contexto, las senadoras bonaerenses de Fuerza Patria, Mónica Macha y Laura Clark presentaron un proyecto para declarar su “solidaridad con las 28 personas despedidas” en la empresa. En paralelo, diputados del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) impulsaron una iniciativa legislativa en el mismo sentido.
Las legisladoras peronistas señalaron que los despidos se produjeron en desconocimiento de la conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo bonaerense, que ordenó la reincorporación del personal cesanteado, incluidos dos delegados con fueros gremiales. Además, Macha y Clark cuestionaron la intervención de Gendarmería Nacional y denunciaron “medidas de amedrentamiento por fuera de la ley” durante la protesta.
Finalmente, los proyectos legislativos remarcaron que los trabajadores permanecen dentro de la planta hasta que la empresa “ajuste su conducta a derecho” y advirtieron que no existió una orden judicial que avalara los operativos desplegados los días 15 y 28 de enero. En esa línea, representantes gremiales de La Bancaria y la CTA Autónoma puntualizaron en el conflicto como un caso testigo en la antesala del debate por la reforma laboral.
