La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, presentó una denuncia penal contra el exministro de Defensa y actual senador nacional, Luis Petri, por presuntas irregularidades en la gestión del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA). La legisladora acusó al exintegrante del gabinete de Javier Milei de “administración fraudulenta”, “malversación de caudales públicos”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “abandono de persona”, en el marco de la crisis que atraviesa el sistema sanitario militar.
La presentación judicial se apoyó en una serie de informes públicos, testimonios sindicales y denuncias periodísticas que describieron un deterioro acelerado en la situación financiera del IOSFA. Según planteó Arrieta, el sistema pasó en poco tiempo de contar con reservas significativas a enfrentar un escenario de endeudamiento estructural que impactó de manera directa en la atención de sus afiliados en todo el país.
En esa línea, la representante del interbloque “Unidos” sostuvo que la crisis derivó en consecuencias concretas en el acceso a la salud por parte de los beneficiarios de la obra social, como “cortes de prestaciones médicas, interrupciones en tratamientos, suspensión de servicios por parte de prestadores y atrasos en reintegros”.
En tanto, el eje de la denuncia también incluyó la falta de provisión de medicamentos esenciales para tratamientos críticos. Sobre este punto, Arrieta advirtió que los afiliados enfrentaron serias dificultades para acceder a insulina y fármacos oncológicos, indispensables para pacientes con enfermedades crónicas o de alta complejidad.
Por otra parte, la presentación tomó como base los datos de una auditoría interna de la propia IOSFA que evidenció el crecimiento de la deuda durante la gestión de Petri. El documento indicó que el pasivo pasó de 44 mil millones de pesos a 210 mil millones en poco más de un año y medio, sin contemplar un préstamo adicional que incrementaría aún más ese monto.
El informe también detalló que el ritmo de crecimiento de la deuda registró variaciones durante el período analizado. “Como se observa, el ritmo de crecimiento de la deuda se desaceleró notablemente en el período diciembre 2024 – marzo 2025, con un aumento real del 6%”, indicó el documento, que atribuyó esa mejora al impacto transitorio de fondos provenientes de un préstamo.
No obstante, el mismo escrito remarcó que esa desaceleración no se sostuvo en el tiempo y que el problema estructural persistió. De hecho, entre marzo y junio de 2025 la deuda volvió a crecer con fuerza, con un incremento real del 41%, lo que reflejó que el déficit no registró mejoras.
Finalmente, la denuncia impulsada por Arrieta también puso el foco en el endeudamiento contraído con el Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). La legisladora, que supo integrar las filas de La Libertad Avanza (LLA), reclamó que la Justicia investigue el préstamo, que con intereses representaría más del 30% de la deuda total, y advirtió sobre irregularidades en el acceso a documentación clave durante las investigaciones.
Crecen las protestas por la situación de IOSFA y el atraso en los pagos
La crisis del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) acumula numerosos reclamos de afiliados y prestadores en distintas provincias, en medio del proceso de disolución del organismo. La transición hacia nuevas estructuras sanitarias avanzó sin precisiones oficiales sobre el pago de la deuda acumulada, que ya se ubica en torno a los $300 mil millones.
En ese contexto, afiliados de la ciudad de Mar del Plata se manifestaron frente a la sede local para denunciar la interrupción de servicios por parte de un sanatorio privado. Los usuarios advirtieron que la medida afectó a miles de beneficiarios en el distrito, donde la obra social cuenta con alrededor de 16 mil personas afiliadas.
Por su parte, la Asociación de Suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (ASUBA) también alertó sobre la suspensión de prestaciones en la provincia de Formosa. “Transición de 365 días no significa suspensión e interrupción”, reclamó el encargado de prensa de la entidad, Manuel Javier Ramos, al cuestionar el proceso impulsado por las autoridades del área.
Al mismo tiempo, prestadores de salud expusieron el impacto de la deuda en el sostenimiento de los servicios médicos y advirtieron sobre la imposibilidad de continuar con la atención sin financiamiento. En paralelo, fuentes gremiales señalaron que la gestión de Javier Milei evalúa cubrir parte del déficit con partidas de las Fuerzas Armadas, ante la falta de aportes del Ministerio de Economía.
