Este martes a primera hora, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una jornada de protesta que iniciará el miércoles 4 de junio en todos los aeropuertos del país, en respuesta al plan del Gobierno nacional de reducir en más del 50% la planta de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), lo que implicaría el despido de más de 1.100 trabajadores.
De acuerdo al comunicado difundido por ATE, esta reducción de personal en la ANAC pone en riesgo la seguridad de las operaciones aéreas, deja en jaque a miles de familias que dependen del empleo en los aeropuertos, y podría ser un paso hacia la privatización del organismo.
Es preciso mencionar que, el sindicato accedió a un documento oficial que detalla el plan de recorte, que incluye pases a disponibilidad, jubilaciones anticipadas y cambios de funciones sin especificaciones claras, además del ofrecimiento de retiros voluntarios que afectarían a alrededor de 600 agentes. Este ajuste también impactaría a más de 300 trabajadores precarizados con contratos y los denominados artículo 9.
Por su parte, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, expresó que “no son los trabajadores, sino las políticas del Gobierno las que ponen en riesgo la seguridad de las operaciones aerocomerciales”, y consideró que el proyecto de la administración de Javier Milei busca “vaciar el organismo como intento de privatización”.
En la misma línea, el secretario general de ATE que llamó a todos los trabajadores aeroportuarios a una importante protesta que iniciará este miércoles en todos los aeródromos del país, enfatizó que existen auditorías internacionales que señalaron la falta de personal en la ANAC, por lo que los despidos planificados por el Gobierno agravarían la situación del organismo.
Cabe mencionar que, la ANAC es el organismo estatal que regula las actividades de aviación civil en más de 27 aeropuertos de todo el territorio argentino. Su función principal es regular y fiscalizar esta actividad en la Argentina para optimizar la seguridad operacional en el espacio aéreo, así como en los aeropuertos y aeródromos.
Por eso, frente a los inminentes despidos, ATE responsabilizó directamente al Gobierno nacional por los inconvenientes que puedan surgir en los aeropuertos de todo el país, que afecten a usuarios, personal en general y a todos los actores del sistema aeroportuario. El sindicato advierte que, de no obtener respuestas, la próxima semana podrían profundizar las medidas y no descartan la paralización total de las actividades.
Es preciso recordar que, en los últimos días asumió mediante el Decreto 360/25 el nuevo administrador nacional del organismo, Oscar Villabona, con un nombramiento que se dio en el contexto de los planes de ajuste que el Gobierno busca implementar en la ANAC.
ATE anunció una protesta en aeropuertos
Es preciso recordar que, a fines del 2024, el Gobierno nacional y los trabajadores del sector aeronáutico protagonizaron una serie de cruces que afectaron significativamente la operación de todos los aeropuertos del país. El punto de partida fue la intención del Ejecutivo de privatizar Aerolíneas Argentinas, lo que generó rechazo por parte de los sindicatos y desencadenó huelgas y protestas.
En septiembre, una huelga de 24 horas provocó la cancelación de más de 300 vuelos y afectó a cerca de 37.000 pasajeros, en reclamo de una actualización salarial acorde con la inflación. Sin embargo, la situación se agravó en noviembre, cuando el Gobierno denunció penalmente a los sindicatos aeronáuticos por “privación ilegítima de la libertad” y “extorsión”, tras una huelga sorpresa que dejó a 2.100 pasajeros varados.
En respuesta, el Ejecutivo nacional anunció la desregulación del servicio de rampas en los aeropuertos, lo que permitió que cualquier empresa pueda ofrecer estos servicios y habilitó a las fuerzas de seguridad a operar en casos de emergencia, con el objetivo de evitar nuevas suspensiones en los vuelos.
Además, la desregulación también incluyó la eliminación del monopolio de Intercargo, la empresa estatal responsable de los servicios de rampa, y la posibilidad de que las aerolíneas autoprestaran estos servicios o los ofrecieran a terceros. Esta medida fue justificada por el Gobierno como una forma de evitar que “terroristas sindicales” tomen de rehén a los pasajeros.
En diciembre, la Justicia Nacional del Trabajo suspendió los decretos del Gobierno que declaraban la actividad aeronáutica como servicio esencial, lo que respaldó el derecho a huelga de los gremios del sector. Este fallo fue considerado un triunfo por los sindicatos, que argumentaron que el Gobierno pretendía limitar su legítimo derecho a huelga, una acción sobre la que la administración libertaria finalmente avanzó este año.
Finalmente, los gremios y Aerolíneas Argentinas llegaron a un acuerdo con el Ejecutivo nacional que incluyó un aumento salarial del 16% y modificaciones en los convenios colectivos de trabajo. Como parte del acuerdo, los sindicatos aceptaron ceder algunos beneficios, como los pasajes vacacionales en clase ejecutiva y el traslado en remis, a cambio de mejoras en la productividad de la empresa.
