Este viernes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la decisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado de limitar a seis meses la renovación de contratos de trabajadores mayores de 65 años que no reúnen los 30 años de aportes necesarios para jubilarse, y apuntó directamente contra el titular de la cartera, Federico Sturzenegger.
En ese sentido, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la resolución de Sturzenegger como “cruel e inhumana”, y sostuvo que la decisión “condena a los trabajadores a quedarse sin trabajo, sin obra social y fundamentalmente sin la posibilidad de jubilarse”, al tiempo que denunció que el Ejecutivo presiona a empleados con trayectorias laborales extensas pero incompletas en términos previsionales para que opten entre aceptar una Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o quedar directamente fuera del Estado.
“Esto nos pone frente a una nueva ola de despidos, en este caso de todos aquellos que están cerca de jubilarse. Esto no pasó nunca. No existen precedentes. La decisión de Sturzenegger vulnera el derecho constitucional a la previsión social. Tiene que retrotraerse, tiene que ser inmediatamente derogada”, disparó el titular de ATE.
Es que, Aguiar explicó que la situación resulta especialmente grave para quienes cuentan con 29 años de aportes, ya que quedan a un paso de cumplir el requisito jubilatorio pero, con la nueva disposición, pierden la posibilidad de completar ese tramo final. Además, el sindicalista remarcó que actualmente la PUAM es de $279.443, un monto que consideró insuficiente para garantizar condiciones de vida dignas, sobre todo para personas que desarrollaron su carrera laboral dentro del sector público.
El dirigente sindical también vinculó esta definición con un contexto más amplio de ajuste y deterioro de las condiciones laborales en el Estado nacional, al señalar que a la nueva resolución del Ministerio de Desregulación se suma “la amenaza latente de recortar un 20% de la Jefatura de Gabinete” y la falta de convocatoria a paritarias, en un escenario en el que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación y se incrementa el malestar entre los trabajadores.
En ese marco, Aguiar sostuvo que es el propio Gobierno nacional el que “sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores”, y alertó que este rumbo tendrá como consecuencia una aceleración de la conflictividad sindical, al entender que la combinación de despidos, recortes y congelamiento salarial impacta de lleno en la estabilidad laboral y en la calidad de los servicios públicos que presta el Estado.
Es preciso mencionar que, la decisión cuestionada por ATE fue firmada por el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña, y establece que en los casos de solicitud de renovación de contratos por un plazo máximo de seis meses, cuando se requiera la autorización correspondiente, deberá adjuntarse de manera obligatoria la constancia de intimación a jubilarse, lo que en la práctica deja fuera de cualquier alternativa a quienes no alcanzan los aportes exigidos.
Por eso, desde el sindicato señalaron que la normativa no contempla la posibilidad de invocar razones de criticidad para sostener los contratos, incluso en situaciones en las que un organismo funciona con dotaciones por debajo del mínimo necesario o cuando el trabajador afectado es el único técnico con la experiencia y el conocimiento requeridos para cumplir tareas específicas, una omisión que, según ATE, evidencia el carácter rígido de la medida y refuerza su impacto negativo tanto en los empleados como en el funcionamiento del Estado.
ATE anunció un paro general contra la reforma laboral
Este martes, ATE reunió al Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas y resolvieron realizar un paro general con movilización para el día en que se debatirá en el Senado de la Nación la reforma laboral que impulsa la gestión de Javier Milei. Por ahora, lo más probable es que la sesión tenga lugar entre el 10 y el 12 de febrero.
“Ir al paro, a una huelga general el día que se trate la reforma laboral es absolutamente necesario y obligatorio para el movimiento obrero, pero no puede ser una medida aislada. Tenemos que pensar en un plan de lucha que comience con anterioridad. Tenemos que salir a la calle antes de que el proyecto comience a ser tratado en el Senado. Tenemos que pensar en que debemos hacerles sentir todo nuestro rigor a los gobernadores”, sostuvo Aguiar.
Tras la reunión en el Hotel Héctor Quagliaro, Aguiar adelantó que seguramente la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciará este miércoles su adhesión a la medida y pidió “establecer un cronograma de protestas y movilizaciones en algunas provincias que decidieron ser funcionales a Milei y que nos quieren vender por dos pesos a todos los trabajadores”.
“Las recorridas de Diego Santilli muestran que, sin los gobernadores, el Gobierno no puede. Por lo tanto, tenemos que colocar a los mandatarios provinciales dentro de los principales responsables de avalar una legislación que nos retrotrae más de 100 años en materia de derechos”, cuestionó Aguiar sobre las reuniones del ministro del Interior de la Nación con los gobernadores.
