La senadora bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Balaudo, presentó un proyecto de ley para regular la denominación de edificios, obras, monumentos, escuelas, plazas, barrios, hospitales y rutas que sean propiedad del Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en un intento por prohibir que estos sitios lleven el nombre de políticos en actividad.
Según la propuesta de la legisladora por la Cuarta sección electoral, los edificios del Estado no podrán ser llamados por el nombre de personas vivas o cuyo fallecimiento haya ocurrido dentro de los 10 años anteriores a la sanción de la ley. En el hipotético caso de que sea aprobada este 2026, algo imposible dado que la naturaleza del proyecto va en contra de los homenajes del peronismo a Néstor o Cristina Kirchner, la iniciativa abarcaría a todo aquel que haya perdido la vida entre 2016 y el año corriente.
“Las personas propuestas para designar con sus nombres los lugares y espacios mencionados deberán destacarse por su obra y/o trayectoria en el campo de la cultura, la ciencia, la política, el deporte y la defensa de los derechos consagrados por la Constitución Nacional y por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que su vida pública, profesional y privada, constituya un ejemplo para las generaciones presentes y futuras”, consideró Balaudo.
Asimismo, la legisladora libertaria sumó que no se podrá designar nombres de personas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la administración pública o delitos de lesa humanidad. Si bien no la menciona, el artículo está fuertemente vinculado a la situación judicial de Cristina Kirchner, sentenciada a seis años de prisión domiciliaria por la causa Vialidad.
“La iniciativa busca fortalecer los principios republicanos que deben regir el uso de los bienes públicos, evitando su utilización como instrumentos de promoción política y garantizando que las denominaciones que integran el espacio público respondan a criterios de reconocimiento histórico, cultural e institucional”, argumentó la autora del proyecto de ley.
Además, el articulado dispone que no se podrán emplear denominaciones que conlleven connotaciones políticas y/o partidarias, es decir fechas como el 17 de octubre, ni que impliquen la reivindicación de hechos violentos o que resulten una ofensa a cualquier persona o grupo. De la misma forma, Balaudo expone que, para cualquier cambio de nombre, se requerirán los votos de los dos tercios de ambos recintos de la Legislatura.
“La denominación de espacios y bienes públicos constituye una decisión institucional relevante, en tanto forma parte de la construcción de la memoria colectiva y del patrimonio simbólico de la comunidad. Por ello, resulta necesario que tales decisiones se encuentren guiadas por principios objetivos que garanticen el respeto por los valores republicanos, evitando que los recursos del Estado sean utilizados con fines de promoción personal o partidaria”, alegó la oriunda de General Villegas.
Desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Casa Rosada orquestó una serie de cambios de nombre para erradicar el sesgo kirchnerista en sitios estatales. El caso más emblemático fue el del exCentro Cultural Kirchner, el antiguo Palacio de Correos rebautizado en 2015, que en 2024 fue renombrado como Palacio Libertad. En marzo de ese año, la gestión libertaria también modificó el Salón de Mujeres del Bicentenario, otro espacio vinculado al gobierno de Cristina Kirchner, por Salón de los Próceres Argentinos.
