La diputada bonaerense del bloque UCR + Cambio Federal, María Belén Malaisi, presentó un proyecto en la Cámara baja para expresar su “más absoluto repudio” al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 385/2025, que habilita a la Policía Federal Argentina (PFA) a revisar hacer ciberpatrullaje en redes sociales, pertenencias personales y detener personas sin orden judicial.
Según denunció Malaisi, el DNU implica una “grave violación al estado de derecho” al otorgar atribuciones propias del Poder Judicial a una fuerza de seguridad bajo control del Poder Ejecutivo. En esa línea, la legisladora radical consideró que la medida “naturaliza el estado de excepción vigente en regímenes autocráticos” y constituye “un antecedente absolutamente grave que debemos condenar y repudiar”.
El decreto cuestionado por la diputada bonaerense de la UCR forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Gobierno nacional para reestructurar la Policía Federal con el objetivo de dotarla de mayores herramientas para combatir el delito complejo, acelerar sus tiempos de respuesta y modernizar su despliegue operativo. Entre las principales medidas se incluye la posibilidad de realizar ciberpatrullaje sin orden judicial y la facultad de detener personas ante sospechas de actividad delictiva.
“La habilitación a la Policía Federal a revisar publicaciones y redes sociales sin autorización judicial, como así también a requisar vehículos y pertenencias de manifestantes que considere sospechosos, representa la más burda persecución y una vuelta al autoritarismo que tanto nos costó dejar atrás”, remarcó Malaisi en los fundamentos del proyecto legislativo.
Además, la diputada radical cuestionó que el DNU invada competencias exclusivas del Poder Judicial, como el resguardo de los derechos personalísimos, la garantía del debido proceso y la presunción de inocencia. “Estas facultades discrecionales no son ni orden ni libertad, mucho menos autoridad”, advirtió.
En su presentación parlamentaria, Malaisi recordó que “una República no puede convivir con miedo a que la gente sea detenida por opinar distinto”, y alertó que estas medidas “no sólo restringen libertades fundamentales, sino que afectan directamente el pluralismo, que es la base de la democracia liberal”.
“El Gobierno que se dice liberal está vulnerando principios sagrados como el derecho a disentir, a participar y a ser protegido por el debido proceso. No podemos entregarle al Poder Ejecutivo herramientas que pueden transformarse en mecanismos de persecución ideológica o represión arbitraria”, insistió la diputada oriunda de San Andrés de Giles.
El anuncio de Milei y Bullrich que habilitan el ciberpatrullaje
El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el pasado 17 de junio la reestructuración de la Policía Federal Argentina, según precisaron apunta a dotar a la fuerza de mayor autonomía para investigar delitos complejos, actuar con agilidad en entornos digitales y operar en determinadas situaciones sin intervención judicial, bajo un modelo inspirado en el FBI de Estados Unidos.
Entre las medidas más polémicas se destaca la autorización para que los efectivos puedan detener personas ante sospechas fundadas de la comisión de un delito en la realización del ciberpatrullaje. Aunque desde el Gobierno aseguraron que habrá salvaguardas para proteger la privacidad y los derechos individuales, la iniciativa despertó fuertes críticas por su posible impacto sobre las garantías constitucionales.
Además, el Gobierno anunció la creación de nuevas unidades especializadas en narcotráfico, trata de personas y crimen organizado, con un refuerzo de personal y presencia territorial, especialmente en zonas conflictivas como Rosario. También se implementarán nuevos criterios de ascenso, auditorías internas y un sistema de incentivos orientado a la transparencia institucional.
