A 5 años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE), la diputada bonaerense del bloque de Coalición Cívica – ARI, Romina Braga, presentó un pedido de informes en el que exige conocer si el Gobierno de la provincia de Buenos Aires tiene los insumos esenciales para la aplicación del aborto legal, seguro y gratuito.
En su iniciativa, Braga advirtió que desde 2024 se comenzaron a registrar faltante de medicamentos como misoprostol y mifepristona, insumos esenciales para la aplicación de la IVE. Todo eso mientras el presidente de la Nación, Javier Milei, expresa abiertamente su rechazo “a la ideología de género”.
“En el último tiempo se registraron señales preocupantes en relación con su efectiva implementación, particularmente a partir de modificaciones en la política pública a nivel nacional que impactan directamente en la capacidad operativa de los jurisdiccionales provinciales”, amplió la legisladora lilita.
Incluso, diversos informes de organismos, entre ellos Amnistía Internacional, advierten sobre un proceso de desfinanciamiento y desarticulación de programas vinculados a la salud sexual y reproductiva. Entre los ejemplos nombrados, se encuentran la reducción de compra y distribución de insumos esenciales para la aplicación de la IVE, así como de métodos anticonceptivos.
“Este escenario derivo en un incremento significativo de las barreras de acceso, evidenciado en el aumento de denuncias por demoras injustificadas, falta de información adecuada, obstáculos administrativos y prácticas que podrían configurar situaciones de violencia institucional o vulneración de derechos”, alertó Braga.
Por caso, la oriunda de Tandil enfatizó en la existencia de denuncias vinculadas a prácticas irregulares en establecimientos de salud, tales como la realización de consejerías con sesgo disuasorio, la exigencia de estudios innecesarios y la dilatación en la atención, así como posibles vulneraciones a la confidencialidad de los datos personales.
Cabe destacar que, la Ley de la IVE establece con claridad la obligación del sistema de salud de garantizar el acceso a la práctica en condiciones dignas, seguras y en plazos acotados, prohibiendo toda forma de obstaculización o interferencia indebida.
“La mera vigencia de la normativa no resulta suficiente si no se cuenta con información precisa, actualizada y transparente sobre su implementación afectiva”, destacó la diputada bonaerense.
En ese contexto, Braga realizó un pedido de informes al Ejecutivo provincial para conocer si se registraron faltante de medicamentos y para saber en detalle la cantidad de prácticas de IVE realizadas desde 2023 a 2025. Además, la legisladora de la oposición pone la lupa en si hubo denuncias, reclamos, reportes u obstáculos para acceder a la IVE, tanto en instituciones privadas como públicas.
De esta forma, la alfil lilita pretende relevar el estado de aplicación de la IVE en la provincia de Buenos Aires, a fin de identificar posibles brechas en el acceso, evaluar el impacto de las políticas nacionales recientes y conocer las medidas adoptadas por la administración de Axel Kicillof para garantizar la continuidad y calidad de las prestaciones.
“El acceso a la información pública constituye una herramienta fundamental para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como para el ejercicio del control democrático por parte de este Poder Legislativo. En un contexto de incertidumbre y reconfiguración del rol del Estado en materia sanitaria, resulta imprescindible contar con datos concretos que permita orientar decisiones basadas en evidencia”, finalizó la legisladora.
