La diputada de la Coalición Cívica, Romina Braga, propuso crear el Programa Provincial de Puente al Empleo Formal destinado a facilitar la incorporación al mercado laboral privado de personas liberadas y/o próximas a egresar de unidades penitenciarias bonaerenses, a través de un esquema que comenzaría a implementarse antes de su salida efectiva de la cárcel y combinaría acompañamiento estatal con incentivos concretos para las empresas que realicen contrataciones formales.
“El presente proyecto tiene como objetivo resolver un eslabón hoy ausente en la política de reinserción sociolaboral de personas privadas de su libertad en la provincia de Buenos Aires: el pasaje efectivo del trabajo desarrollado en contexto de encierro hacia el mercado formal de empleo privado”, expuso Braga en los fundamentos del proyecto.
En ese sentido, la diputada de la Coalición Cívica reconoce la existencia de políticas de trabajo intramuros y destaca que, a través del programa “Más Trabajo, Menos Reincidencia”, más de 16 mil personas privadas de su libertad realizan actividades laborales en nueve Polos Industriales distribuidos en distintas unidades penitenciarias bonaerenses.
Sin embargo, la legisladora sostiene que una parte del trabajo remunerado en contexto de encierro corresponde a tareas de mantenimiento que no necesariamente generan habilidades transferibles al mercado laboral. Además, Braga señala que una vez producido el egreso, el acompañamiento del Patronato de Liberados se concentra en el seguimiento de las condiciones de la libertad, sin contar con herramientas específicas de intermediación laboral o incentivos destinados a los empleadores privados.
Por eso, la legisladora tandilense destaca que su proyecto no busca reemplazar las políticas de trabajo penitenciario existentes ni las iniciativas vinculadas con la economía social, sino intervenir específicamente en el momento de transición entre el encierro y la libertad, con una estrategia que comenzaría antes del egreso y se extendería durante el primer año de egreso de la cárcel, periodo que Braga considera “especialmente relevante” frente al riesgo de reincidencia.
La diputada remarca que su programa toma como referencia experiencias internacionales de inserción laboral, entre ellas la desarrollada por la Fundación Integra en España, que durante 2025 facilitó la incorporación al mercado de trabajo de más de 3.500 personas en situación de exclusión social mediante la articulación con empresas privadas y un acompañamiento individualizado.
“Además, diversas experiencias internacionales de incentivo fiscal a la contratación de personas con antecedentes penales han demostrado ser una herramienta eficaz para reducir la reticencia empresarial a este tipo de contrataciones, sin que ello implique un subsidio permanente ni una carga fiscal significativa, en tanto el beneficio se limita en el tiempo y se encuentra sujeto a auditoría”, remarcó Braga.
Por último, la legisladora presentó la inserción laboral de las personas privadas de su libertad y liberadas como “una cuestión que excede la reinserción social y adquiere una dimensión de seguridad pública“, al sostener que el acceso a un empleo formal y sostenido constituye uno de los factores asociados a una menor reincidencia delictiva.
Cómo se aplicaría el “Puente al Empleo Formal” que propone Braga
Según el escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense, el programa estaría bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que debería articular obligatoriamente con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Patronato de Liberados y el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Así, los municipios podrían adherir voluntariamente a través de convenios y, en articulación con las Oficinas de Empleo locales, identificar empresas interesadas, funcionar como intermediarios y acompañar a las personas incorporadas al plan.
En tanto, la intervención comenzaría como mínimo seis meses antes del egreso, siempre que la persona adhiera voluntariamente. Durante ese período, el Estado elaboraría un legajo de empleabilidad que reúna la formación y experiencia laboral adquiridas durante el encierro, además de garantizar orientación laboral, elaboración de currículum y entrevistas simuladas. La iniciativa también establece como principio evitar la exposición innecesaria de los antecedentes penales frente a terceros, además de priorizar empleos registrados y remunerados de acuerdo con la legislación vigente.
El principal incentivo para las empresas sería una reducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos equivalente a un porcentaje de la remuneración bruta abonada durante un máximo de 24 meses desde el inicio de la relación laboral. Las firmas que incorporen trabajadores mediante el programa también podrían recibir asistencia técnica del Ministerio de Trabajo y prioridad para acceder a programas provinciales de empleo y capacitación.
No obstante, los beneficios estarían sujetos a controles, ya que para que continúen vigentes las empresas deberían mantener la relación laboral con los liberados durante al menos seis meses, cumplir con las obligaciones laborales y previsionales, y no utilizar el programa para sustituir personal preexistente. En este sentido, laautoridad de aplicación tendría a su cargo auditorías periódicas, y podría suspender o revocar los beneficios y exigir su reintegro ante incumplimientos.
El proyecto también propone que las empresas que acrediten contrataciones de liberados obtengan puntaje adicional en las licitaciones públicas provinciales, mientras que la autoridad de aplicación tendrá la obligación de publicar anualmente los datos sobre las personas adheridas, las contrataciones concretadas, la permanencia en los puestos a los seis y doce meses y la tasa de reincidencia comparada entre participantes y no participantes.
