La senadora Patricia Bullrich retomó públicamente debate sobre el Régimen Penal Juvenil, tras el crimen de Jeremías Monzón en Santa Fe que se viralizó rápidamente y en el que participaron menores de edad. Esto le dio al oficialismo un nuevo argumento para insistir con la baja de la edad de imputabilidad, una bandera que La Libertad Avanza considera central en su agenda de seguridad.
“La edad no puede ser excusa”, escribió la senadora nacional, una frase que funcionó como disparador político y mensaje directo al resto de las fuerzas. “Este año los espero a todos para tratar la Ley Penal Juvenil en el Congreso: o acompañas a las víctimas y a sus familias y evitas nuevas víctimas, o sostenes una posición pro-delincuentes”, anunció Bullrich.
A su vez, la exministra de Seguridad apuntó al escenario parlamentario heredado y sostuvo que la Ley Penal Juvenil había quedado frenada en el “viejo Congreso”. Sin mencionarlo de forma explícita, dejó entrever que la nueva conformación legislativa abre una ventana de oportunidad para retomar un proyecto que, aunque dictaminado, nunca logró llegar al recinto.
“¿Hacen falta cuántos casos más? Robos violentos, homicidios y hasta un chico de 15 años torturado y asesinado con 20 apuñaladas, todos con los responsables menores libres e impunes”, postuló la senadora. “Basta de este sistema vergonzoso que protege delincuentes y abandona a las víctima”, manifestó.
Dentro de La Libertad Avanza creen que ese contexto cambió, pero el camino legislativo no aparece despejado. El dictamen aprobado en Diputados durante 2025 perdió estado parlamentario con el cierre del período ordinario, lo que obliga a reiniciar el tratamiento desde cero, volver a convocar comisiones y reconstruir consensos que, en su momento, fueron frágiles.
El debate había reunido a cuatro comisiones y logró articular una mayoría amplia que incluyó al oficialismo, al PRO, a la Unión Cívica Radical (UCR), a la Coalición Cívica y a bloques provinciales. Aun así, el número nunca fue suficiente para garantizar la aprobación en el recinto, una realidad que terminó congelando la iniciativa.
En paralelo, el Presidente Javier Milei ya había marcado posición sobre el tema el 1° de marzo de 2025, ante la Asamblea Legislativa, cuando reclamó avanzar con la baja de la edad de imputabilidad y el endurecimiento de las penas. Aquella intervención estuvo atravesada por otro hecho que impactó con fuerza en la provincia de Buenos Aires: el asesinato de Kim Gómez, una nena de siete años en La Plata, cometido por dos menores.
Ahora, con el crimen de Monzón como nuevo catalizador, el oficialismo busca reinstalar el tema en la agenda pública y legislativa. Aunque el proyecto no figura en el temario de sesiones extraordinarias, la expectativa está puesta en marzo, cuando se inicie el período ordinario y se termine de definir la integración de las comisiones clave.
Desde el bullrichismo anticipan que la diputada, Laura Rodríguez Machado, volvería a quedar al frente del debate en Diputados. No obstante, todavía no está claro si se retomará el texto dictaminado el año pasado o si se impulsará una nueva versión, ajustada al clima político actual y a las correlaciones de fuerza dentro del Congreso.
Así, la discusión por el Régimen Penal Juvenil vuelve a emerger en un cruce donde se combinan seguridad, sensibilidad social y disputa política. El desafío para el oficialismo será transformar el impacto de los hechos recientes en votos concretos, en un Congreso que ya demostró que el consenso no alcanza si no hay número.
Baja de la edad de imputabilidad con dictamen
El texto que había logrado dictamen en 2025 fue el resultado de más de una decena de reuniones informativas en la Cámara de Diputados. Allí se consensuó fijar en 14 años la edad de imputabilidad, con un sistema de sanciones progresivas que prioriza medidas socioeducativas y restaurativas antes de la privación de la libertad.
Entre los puntos centrales, el proyecto contempló tareas comunitarias, justicia restaurativa, programas educativos y acompañamiento interdisciplinario. La prisión quedó reservada para delitos graves, con penas máximas de hasta 15 años y la posibilidad de sustituciones parciales tras cumplir dos tercios de la condena.
Sin embargo, el consenso no fue unánime. Unión por la Patria sostuvo que la edad debía mantenerse en 16 años, mientras que el Frente de Izquierda rechazó cualquier modificación al régimen vigente. Aun así, el dictamen reunió 77 firmas y quedó como antecedente clave para el nuevo intento del oficialismo.
Con la pérdida de estado parlamentario, el debate deberá reiniciarse formalmente. Las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Justicia serán determinantes para definir el futuro de una discusión que, una vez más, vuelve al centro de la escena empujada por la coyuntura y el cálculo político.
