El Ministerio de Seguridad Nacional, encabezado por Patricia Bullrich, puso en marcha una profunda reforma en las cuatro fuerzas federales. A través de una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, la actual conducción libertaria actualizó las normativas que rigen a la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal.
Los decretos, firmados por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra Bullrich, establecen un plazo de noventa días para que cada fuerza federal presente sus proyectos de reglamentación y adecuación interna. A su vez, confirman la continuidad de los actuales jefes y subdirectores durante todo el proceso de transición.
La normativa en cuestión señala que la reforma de las fuerzas federales tiene como objetivo alinear la estructura y las competencias de cada una con estándares internacionales, al tiempo que busca reforzar la profesionalización del personal, actualizar los marcos legales vigentes y optimizar el control de delitos complejos vinculados a las fronteras, los espacios marítimos, la aviación civil y el sistema penitenciario.
En primer lugar, el Decreto 454/2025 aprueba un nuevo estatuto para Gendarmería Nacional y habilita a la fuerza a operar en el ciberespacio, participar en misiones internacionales y brindar protección a embajadas, además de mantener sus funciones tradicionales en zonas de frontera. Del mismo modo, incorpora reglas actualizadas para los ascensos, nuevas dependencias operativas, mayores atribuciones en tareas de inteligencia e investigación criminal y acceso a bases de datos tanto públicas como privadas.
Por su parte, el Decreto 457/2025 introduce modificaciones en el funcionamiento de la Prefectura Naval Argentina, otorgándole nuevas funciones en la prevención de la contaminación y en la protección marítima, además de reafirmar su rol como Policía Judicial y como Autoridad Administrativa de la Navegación.
El Decreto 456/2025, en tanto, redefine la estructura y el régimen de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. A su función tradicional se suma la misión de proteger la Seguridad del Estado en el ámbito aeroportuario y asumir, cuando lo ordene el Ejecutivo, tareas vinculadas a la seguridad interior. Además, la fuerza podrá prevenir delitos contra la seguridad aeroportuaria y la aviación civil mediante investigaciones, análisis e inteligencia criminal, en el marco legal vigente y bajo la conducción del Ministerio de Seguridad.
En cuanto al Servicio Penitenciario Federal, el Decreto 455/2025 establece un nuevo marco normativo, a partir de la necesidad de “optimizar su funcionamiento, fortalecer la seguridad en los establecimientos penitenciarios, mejorar las condiciones de trabajo del personal y garantizar el respeto de los derechos de las personas privadas de la libertad”, según indicaron desde la cartera que lidera Patricia Bullrich.
Finalmente, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Seguridad a gestionar la desafectación del uso penitenciario de los inmuebles ubicados en zonas urbanas. Estos establecimientos serán relocalizados para liberar espacios estratégicos y reducir los conflictos con el entorno residencial.
Bullrich impulsa la reestructuración y modernización de la Policía Federal
A las recientes actualizaciones en los estatutos de las fuerzas de seguridad, se suma la profunda reestructuración de la Policía Federal Argentina de junio pasado, impulsada por la ministra Patricia Bullrich y respaldada por el presidente Javier Milei.
La medida otorga mayor autonomía para investigar delitos complejos y actúa con rapidez en el ámbito digital, incluso sin necesidad de autorización judicial en determinadas situaciones. En ese marco, el Gobierno nacional describió esta reforma como un paso hacia una “Policía Federal moderna y enfocada en la investigación”, con un modelo inspirado en la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
Una de las modificaciones más importantes permite que los efectivos “patrullen” virtualmente las redes sociales para detectar posibles delitos sin requerir autorización judicial previa. Si bien esta medida generó cuestionamientos en sectores vinculados a los derechos civiles, desde la administración libertaria aseguraron que la normativa incluirá salvaguardas explícitas para proteger los datos personales, respetar la privacidad, la libertad de expresión y la intimidad de los usuarios.
Además, la actual conducción nacional habilitó a los policías a detener personas sin orden judicial siempre que existan elementos suficientes que permitan presumir que alguien haya cometido o esté por cometer un delito. No obstante, esta medida también generó un intenso debate sobre su impacto en las garantías constitucionales de los argentinos.
