Después de la represión llevada adelante en la Plaza de los dos Congresos durante el debate de la ley ómnibus en la Cámara de Diputados, el titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal 7, Sebastián Casanello, instó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a que presente un informe que detalle la aplicación del protocolo antipiquetes en un plazo de 72 horas, iniciado el lunes.
La medida del juez, llegó como respuesta a la acción presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, sobre la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes de Bullrich en diciembre de 2023.
En ese sentido, Casanello se declaró competente en la causa presentada por Fierro, de manera que instó a Bullrich para que detalle los fundamentos jurídicos de la aplicación del protocolo antipiquetes, a la vez que debe explicar “si respondió a los requerimientos que en su momento hizo la Organización de Naciones Unidas (ONU)”.
De esta manera, Bullrich deberá indicar “pormenorizadamente el procedimiento que precedió su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados” sobre el protocolo antipiquetes de la cartera de Seguridad.
Vale mencionar que, durante los tres días de debate en el Congreso de la semana pasada, se pudo ver que la aplicación efectiva del protocolo antipiquetes no se cumplió a sí mismo, debido a que, a pesar de que oficialmente tiene como objetivo evitar los cortes de calle, decenas de personas paradas en las veredas linderas fueron rociadas con gas pimienta por las fuerzas de seguridad.
Por este motivo, Casanello cuestionó a Bullrich al pedirle que dé explicaciones sobre los fundamentos jurídicos que consideró “para adoptar los lineamientos incluidos en el ‘Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación’” y su respectiva adecuación a lo solicitado por la ONU.
Del mismo modo, Bullrich deberá informar a la Justicia sobre si el Ministerio recibió “denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia”.
