El campo bonaerense enfrenta una profunda crisis tras las inundaciones que cubrieron más de un millón de hectáreas en la provincia de Buenos Aires y dejaron “bajo agua” a distritos como Bolívar, 25 de Mayo, Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó. En ese marco, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) reclamó a Nación y Provincia un plan de emergencia con financiamiento, maquinaria pesada y alivio fiscal inmediato frente al deterioro de los caminos rurales.
De acuerdo con los datos publicados por CARBAP, la superficie anegada aumentó entre un 30% y un 40% en apenas diez días. En ese contexto, la entidad rural calificó la situación como “crítica” y advirtió que está en riesgo tanto la campaña agrícola como la vida cotidiana de miles de familias del interior, debido a la intransitabilidad de los caminos rurales.
Es que, los acumulados anuales ya superan los 1.000 milímetros, un contraste marcado con la sequía que golpeó a la región a comienzos del año. En ese marco, los representantes del campo bonaerense recordaron que desde febrero sostuvieron los trabajos con sus propios recursos, aunque advirtieron que las últimas lluvias arrasaron con los esfuerzos previos.
Desde el distrito de 9 de Julio, la Sociedad Rural local publicó una carta abierta dirigida al presidente Javier Milei. “Nos estamos ahogando, necesitamos ayuda ya. No pedimos créditos blandos ni compensaciones; solo pedimos máquinas con personal y en condiciones de trabajar, para acelerar las tareas que se vienen haciendo”, expresaron los dirigentes en el documento.
Por otro lado, CARBAP cuestionó la paralización del Plan Maestro del Río Salado y el escaso mantenimiento de los caminos rurales, un reclamo histórico del campo bonaerense. En ese sentido, la entidad advirtió que las familias del interior productivo aportan sumas millonarias en tasas viales que muchas veces se desvían a otros fines, sin traducirse en obras de infraestructura.
En tanto, la situación de emergencia impacta de lleno en la siembra de granos gruesos ya que la región aporta cerca del 15% del maíz y la soja del país, pero los lotes inundados ya quedaron descartados para el maíz temprano. Por su parte, también corre riesgo la siembra de soja, girasol y maíz tardío, con consecuencias directas sobre la producción nacional en un contexto de incertidumbre económica.
Durante la Expo Rural de Junín, el presidente de CARBAP, Ignacio Kovarsky, resaltó la importancia de los caminos rurales como condición fundamental para sostener la vida en el interior. “Los caminos rurales no son solamente la conectividad para la producción, sino para que nuestros chicos se puedan educar; para que, si hay un accidente, pueda entrar una ambulancia; para que la Patrulla Rural pueda recorrer y cuidarnos”, remarcó.
Finalmente, Kovarsky renovó su reclamo para que los aportes del campo, como la tasa vial y la coparticipación inmobiliaria, se reinviertan en obras. En ese sentido, el dirigente rural anticipó que entregará a legisladores un documento con propuestas de agenda agropecuaria que incluyen eliminación de retenciones, reforma laboral y alivios impositivos. “Es momento de actuar con responsabilidad y celeridad para no agravar aún más una situación ya crítica para miles de productores y familias bonaerenses”, concluyó.
Productores de Carlos Casares vuelven a la carga por los caminos rurales
Los productores de Carlos Casares retomaron el reclamo por el estado de los caminos rurales en medio de la crisis que atraviesa el campo bonaerense por las inundaciones. “Nos cobran como si tuviéramos autopistas, pero vivimos entre barro y pozos”, denunció la abogada Alejandra Córdoba Martín, representante de pequeños y medianos productores de la zona, que cuestionó la falta de inversión estatal pese al pago de tasas viales.
En este contexto, Córdoba Martín alertó por las pérdidas millonarias en la región y subrayó que la problemática trasciende lo productivo porque condiciona la vida cotidiana de las familias del interior. “Esto no solo impacta en la salida de granos o leche, también impide que los chicos lleguen a la escuela, que los médicos entren a los campos o que una ambulancia pueda asistir en una urgencia”, señaló.
Asimismo, la abogada sostuvo que si bien los productores recurren a reparaciones mínimas con sus recursos, aseguró que esas tareas no resuelven el problema. En ese sentido, la abogada reparó en la desigualdad que existe entre las zonas urbanas, con grandes obras de pavimento, y los pueblos del interior completamente abandonados. “El Estado no aparece y la gente queda a la deriva”, sentenció.
Finalmente, Córdoba Martín remarcó que el reclamo de los productores de Carlos Casares, Bolívar y Pehuajó no representa una cuestión aislada, sino que forma parte de un problema estructural que se repite en toda la provincia de Buenos Aires. “No pedimos privilegios, pedimos que los fondos que pagamos vuelvan en obras y que el Estado no sea cómplice del abandono”, concluyó.
