La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) cuestionó la decisión del Gobierno nacional de habilitar la libre elección de veterinarios para la vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina. La entidad rural difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por el cambio en el esquema sanitario y sostuvo que la medida fue adoptada sin consenso con el sector productivo.
En ese marco, CARBAP planteó reparos sobre la modificación del sistema vigente. “La fiebre aftosa no se desregula: se previene”, señaló la entidad al iniciar su comunicado, en el que remarcó la importancia de sostener políticas sanitarias basadas en la prevención y en la coordinación entre el sector público y el privado.
Cabe señalar que, la resolución fue publicada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y establece que, desde el 1 de enero de 2027, los productores ganaderos podrán contratar directamente a veterinarios privados acreditados para realizar la inmunización de sus rodeos. Hasta ahora, esta tarea estaba organizada principalmente a través de entes sanitarios y fundaciones locales.
Según el documento difundido por la organización rural, la decisión se adoptó “sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta y en forma inoportuna”. Desde la entidad advirtieron que modificar el esquema actual podría afectar el funcionamiento de un programa sanitario que consideran consolidado.
En ese sentido, CARBAP recordó antecedentes históricos vinculados a la política sanitaria ganadera. La entidad mencionó que, a fines de la década del noventa, se intentó avanzar hacia un esquema sin vacunación contra la fiebre aftosa, lo que derivó posteriormente en la reaparición de la enfermedad. Según el comunicado, esa situación provocó un fuerte impacto en la producción y en la apertura de mercados internacionales.
“Nada de eso ocurrió y la realidad terminó mostrando su faceta más contundente”, afirmaron desde la organización al referirse a las expectativas económicas que se habían planteado en aquel momento. En el mismo documento CARBAP señaló que, tras la crisis sanitaria de 2001, fue necesario reconstruir el sistema de control y vacunación para recuperar el estatus sanitario del país.
La entidad también destacó que actualmente la Argentina cuenta con un esquema reconocido internacionalmente. En esa línea, CARBAP mencionó que el sistema sanitario nacional es considerado robusto y que, según informes oficiales, no existe circulación viral de la enfermedad en el territorio.
Sin embargo, CARBAP advirtió que la modificación del esquema podría generar dificultades operativas. “Multiplicar los sitios de almacenamiento de vacunas solo generará mayores costos y dificultará las auditorías en tiempo real”, indicó el comunicado al analizar algunos de los efectos posibles del nuevo sistema.
En el cierre del documento, la organización sostuvo que el sector productivo está dispuesto a discutir eventuales mejoras en el programa sanitario, aunque reclamó que cualquier cambio se realice a partir de un proceso de diálogo institucional. “Seguiremos aportando nuestra experiencia y conocimiento del territorio porque es parte de nuestro trabajo cotidiano”, señalaron desde la entidad.
Cómo funcionará el nuevo sistema de vacunación por la fiebre aftosa
La resolución del SENASA establece que los productores registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA) podrán seleccionar libremente al veterinario que se encargará de aplicar las vacunas contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
De acuerdo con la normativa, los profesionales deberán estar acreditados ante el organismo sanitario y cumplir con requisitos específicos, entre ellos garantizar la correcta conservación de las dosis mediante la cadena de frío y registrar las actas de vacunación en el sistema oficial dentro de un plazo máximo de siete días.
El productor que decida contratar a un veterinario privado deberá informar su elección al menos 30 días antes del inicio de la primera campaña anual de vacunación. En caso de no realizar esa notificación, el servicio continuará siendo brindado por el ente sanitario correspondiente a la jurisdicción.
Desde el Gobierno nacional señalaron que el cambio forma parte de un proceso de simplificación administrativa. Según la resolución, el objetivo es “ampliar la libertad de acción de los administrados en la elección de los actores intervinientes” y generar mecanismos más ágiles para la organización de las campañas sanitarias.
