Este miércoles, el diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley que apunta a recortar drásticamente la estructura política de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, debido a que el organismo se habría transformado en “una agencia de empleo político para el kirchnerismo”.
La iniciativa plantea volver al diseño original de la ley sancionada en 2008, cuando el organismo contaba con un único Defensor titular, eliminando los ocho cargos que fueron incorporados en los últimos años bajo distintas administraciones. Se trata de los dos Defensores Adjuntos Generales y los seis Defensores Adjuntos que fueron sumados mediante sucesivas modificaciones legales entre 2017 y 2022.
En los fundamentos del proyecto, Castello cuestionó con dureza el crecimiento de la Defensoría del Pueblo durante las gestiones peronistas y advirtió que el aumento de la estructura “no se tradujo en una mejor defensa de los derechos ciudadanos, sino en una expansión del gasto político”. “En apenas catorce años, la Defensoría pasó de tener un titular a nueve funcionarios. No hubo ninguna mejora institucional, solo más cargos y más sueldos pagados por los bonaerenses”, remarcó.
Asimismo, el legislador marplatense también señaló que la defensoría se convirtió en un “espacio de negociación política”, utilizado por los distintos gobiernos para repartir cargos entre aliados del poder. “La Defensoría del Pueblo debería ser una institución independiente, no un refugio de militantes o un botín de los acuerdos partidarios”, sostuvo Castello.
El texto, propone un nuevo mecanismo de designación del Defensor del Pueblo, a través de una Comisión Bicameral permanente compuesta por senadores y diputados. Dicha comisión deberá abrir un registro público de candidatos, permitir observaciones de la ciudadanía y celebrar audiencias públicas antes de elevar una terna a las cámaras.
A diferencia del esquema actual, el proyecto establece que la elección del Defensor se realizará con el voto de dos tercios de los legisladores, garantizando así un mayor consenso institucional y limitando el control partidario. Además, fija un mandato de cinco años con una única posibilidad de reelección y equipara la remuneración al sueldo de un senador provincial.
El articulado también refuerza la independencia y la transparencia de la Defensoría del Pueblo. Castello propone que el Defensor no pueda ser acusado ni interrogado por las opiniones que emita en el ejercicio de sus funciones, y que su actuación tenga plena autonomía política, funcional y financiera.
Además, el proyecto amplía las facultades del Defensor para investigar irregularidades de la administración pública, empresas estatales y concesionarias de servicios públicos, y establece la obligación de denunciar de oficio cualquier delito del que tome conocimiento durante sus investigaciones.
En paralelo, el articulado endurece las sanciones para los funcionarios o autoridades que obstaculicen el accionar de la Defensoría, quienes podrán ser denunciados y sancionados por falta grave. “El objetivo es devolverle eficacia a una institución que el Estado vació de contenido, colonizándola con nombramientos políticos”, explicó Castello.
En concreto, el diputado libertario apunta a reducir el gasto del Estado provincial, un eje que atraviesa la agenda legislativa de su espacio. “Mientras el gobernador Axel Kicillof sigue multiplicando cargos, direcciones y organismos para sostener a su militancia, los bonaerenses padecen la inflación, la inseguridad y la falta de infraestructura básica”, cuestionó.
Para Castello, el caso de la Defensoría del Pueblo “resume la lógica de un Estado sobredimensionado que gasta fortunas en mantener estructuras que no sirven a la gente”. “La verdadera defensa del pueblo empieza por cuidar el bolsillo de los ciudadanos y reducir el gasto político que hoy asfixia a la provincia”, sostuvo.
Es preciso mencionar que, la propuesta de La Libertad Avanza se inscribe dentro de un paquete de iniciativas orientadas a achicar el Estado provincial, revisar los organismos autónomos y limitar los privilegios de la clase política. “La Provincia no necesita más burócratas, necesita eficiencia, transparencia y respeto por el dinero público”, concluyó Castello.
Principales puntos del proyecto de Castello para reformar la Defensoría del Pueblo
- Recorte de cargos políticos: elimina los ocho puestos creados durante los últimos años, incluidos los dos Defensores Adjuntos Generales y los seis Defensores Adjuntos. Retorna al esquema original de un solo titular al frente del organismo, como preveía la ley sancionada en 2008.
- Nuevo sistema de elección: establece la creación de una Comisión Bicameral permanente en la Legislatura bonaerense que elaborará la nómina de candidatos, abrirá un registro público, permitirá observaciones ciudadanas y convocará a audiencias públicas antes de elevar la terna final.
- Consenso político: propone que el Defensor del Pueblo sea elegido por dos tercios de ambas cámaras, garantizando un mecanismo más transparente y menos partidizado que el actual.
- Mandato limitado y sueldos equiparados: fija una duración de cinco años con posibilidad de una sola reelección, y equipara la remuneración al salario de un senador provincial.
- Autonomía y control: refuerza la independencia funcional, política y financiera de la Defensoría, habilitando al titular a iniciar investigaciones y acciones judiciales de oficio ante irregularidades en la administración pública o empresas estatales.
- Sanciones por obstrucción: los funcionarios o autoridades que impidan o entorpezcan las investigaciones del organismo podrán ser sancionados por falta grave o denunciados ante el Ministerio Público.
- Recorte del gasto: el proyecto busca reducir la estructura y el presupuesto del organismo, que según Castello fue “convertido en una agencia de empleo político” por el kirchnerismo.
