En su último día como diputado bonaerense, el legislador de La Libertad Avanza, Guillermo Castello, presentó un proyecto de ley para reducir la composición actual del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de la selección, nombramiento y control disciplinario de los jueces y fiscales, como así también de administrar el Poder Judicial.
“Terminamos nuestro mandato con un proyecto de alta relevancia institucional.
La composición actual del Consejo de la Magistratura es inconstitucional porque le da a la política un poder desmedido sobre el sector judicial y abogadil”, sostuvo Castello en redes sociales.
En rigor, la iniciativa del dirigente marplatense modifica el artículo 1 de la Ley 11.868 para que el Consejo de la Magistratura pase de 18 a 15 miembros, que tendrán un mandato cada cuatro años con renovación parcial dcada bienio.
Asimismo, Castello plantea cambiar el artículo 2 de la Ley del Consejo de la Magistratura para efectivizar esa reducción de miembros, ya que el Poder Ejecutivo pasaría de tener 4 representantes a tener solo uno, que será designado por el gobernador de turno.
Además, el legislador opositor también propuso que los abogados puedan elegir a sus representantes en el Consejo de la Magistratura a través de una elección directa organizada por el Colegio de Abogados, en base a un padrón que integre a los profesionales que cuenten con matrícula provincial. Actualmente, los representantes son elegidos exclusivamente por el Consejo Superior del organismo que reúne a los trabajadores jurídicos.
También, Castello estableció en su proyecto que el Consejo de la Magistratura deberán publicar en su página web las actas oficiales y las videofilmaciones de las entrevistas que se le realizaron a cada postulante según la orden de mérito, las cuales deberán ser de fácil acceso a la ciudadanía.
De la misma forma, el diputado, que transita sus últimas horas en la Legislatura bonaerense, agregó en el artículo 28 de la Ley del Consejo de la Magistratura que el puntaje correspondiente a las entrevistas no puede superar el 20% de los puntos totales asignados a los postulantes, que el orden de mérito deberá ser fundado y con voto nominal, y que el organismo debe publicar los resultados en dos diarios bonaerenses de circulación masiva.
“Dentro del plazo de 15 días, todo ciudadano, organización no gubernamental, colegio o asociación profesional, entidad gremial o institución académica podrá presentar, por escrito y de modo fundado y documentado, las impugnaciones, observaciones u opiniones que estimen pertinentes. Para resolver dichas impugnaciones, el Consejo contará con un plazo de 15 días”, expone la última modificación del proyecto de Castello.
Castello quiere derogar la ley de paridad de género en los clubes
La semana pasada, Castello también presentó un proyecto de ley para derogar una serie de artículos de la Ley de Asociaciones Civiles con el fin de terminar con la política de paridad de género en esas instituciones.
En rigor, Castello plantea eliminar el artículo 15 de la Ley 15.192, que establece que cualquier asociación civil que quiera constituir órganos tales como comisiones directivas o de revisoras de cuentas, debe respetar la paridad de género en la integración de estas entidades. “Este requisito no será exigido cuando la Asociación Civil sea conformada en su totalidad por asociados de un mismo género”, remarca la normativa actual.
“Mediante la presente se propone derogar un cúmulo de groseras inconstitucionalidades establecidas por la ley en cuestión. En primer lugar, se deroga el ostensiblemente inconstitucional artículo 15 en cuanto exige paridad de género a entidades privadas, no obstante a lo dicho el hecho de que se trate de entidades sin fines de lucro, lo que de ningún modo las excluye del mundo privado”, sostuvo Castello.
En ese sentido, el diputado libertario sostuvo que el Estado no tiene atribuciones como para determinar la composición de una institución privada, por lo que consideró que el artículo 15 es una “exorbitancia evidente”. “Un nuevo caso de incontinencia legislativa, fenómeno que se observa cuando a caballo de una problemática que genera preocupación en la sociedad se despliega una carrera de proyectos tendientes a incorporar presuntas soluciones normativas en cuanto ámbito social resulte posible”, apuntó.
