La avanzada privatizadora del gobierno de Javier Milei sobre Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA) abrió un nuevo frente de cuestionamientos en la Legislatura bonaerense, luego de que el diputado del Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U), Christian Castillo, presentara un proyecto de repudio al proceso de concesión y reclamara su suspensión inmediata.
“La privatización de AySA implica poner en manos de un operador privado el control de un servicio esencial para millones de personas. El agua no puede estar sometida a la lógica de la rentabilidad empresarial: se trata de un derecho indispensable para la vida y de un servicio cuya prestación debe garantizarse de manera universal, independientemente de la capacidad de pago de cada familia”, alegó el referente de la oposición en los fundamentos de la presentación.
El planteo de Castillo busca sumarse al rechazo que buena parte del arco legislativo expresó frente a la decisión del Gobierno nacional de avanzar con la privatización de AySA, la empresa pública que presta servicios de agua potable y saneamiento a millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una de las regiones más densamente pobladas del país.
Según repuso el alfil del FIT-U, el proceso para transferir la compañía a manos privadas ya se encuentra formalmente en marcha. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía que lidera Luis Caputo, autorizó la licitación para desprenderse de la totalidad de las acciones de AySA pertenecientes al Estado nacional, que representan el 90% del capital social, mientras que en agosto introdujo modificaciones al cronograma de la operación.
Bajo esa premisa, la administración libertaria profundizó en las últimas semanas el proceso de privatización con la apertura de las ofertas técnicas, una instancia que dejó en carrera a dos consorcios interesados en quedarse con el paquete accionario que actualmente permanece bajo control estatal. Aunque el procedimiento había convocado inicialmente a 17 participantes, solo los grupos encabezados por Rowing S.A. y Roggio ROAS S.A.U. formalizaron sus propuestas y avanzaron a la siguiente etapa de la compulsa.
Frente al avance del proceso, el diputado del FIT-U apeló al antecedente de 1993, cuando el Estado transfirió la prestación de los servicios de agua y saneamiento a Aguas Argentinas S.A., un consorcio integrado por capitales privados nacionales y extranjeros que reemplazó en esa tarea al extinto Obras Sanitarias de la Nación.
La experiencia privatizadora llegó a su fin en 2006, cuando el entonces presidente Néstor Kirchner rescindió el contrato ante los incumplimientos de la concesionaria, tras un período marcado por aumentos superiores al 80% en las tarifas y cuestionamientos por “cargos fijos abusivos y dolarización encubierta”. Con el servicio nuevamente bajo la órbita estatal, ese mismo año el Gobierno nacional creó AySA para asumir las prestaciones y garantizar su continuidad.
En ese marco, Castillo destacó que la propia normativa que dio origen a la actual prestataria estatal estableció límites para impedir una eventual transferencia al sector privado. En concreto, la legislación aún vigente determinó que las acciones pertenecientes al Estado nacional serían intransferibles y que su participación dentro de la compañía no podría reducirse, argumento con el que el diputado buscó sumar el acompañamiento de sus pares frente al impulso privatizador del Ejecutivo libertario.
“La privatización no puede analizarse por fuera de la política general del Gobierno de ajuste y transferencia de recursos hacia los grandes grupos económicos. Se pretende que las empresas públicas sean evaluadas exclusivamente por su rentabilidad financiera, mientras se desatiende su función social y estratégica”, cuestionó el parlamentario.
Finalmente, el impulsor del rechazo legislativo defendió la continuidad de AySA bajo control estatal y sostuvo que el acceso al agua potable y al saneamiento debe permanecer garantizado como un “derecho humano básico”. Asimismo, el propio Castillo también reclamó inversiones suficientes para ampliar y mejorar las redes, además de una gestión de la compañía con participación de técnicos, trabajadores y usuarios, en lugar de “autoridades designadas por los gobiernos de turno”.
La privatización de AySA avanza y suma resistencia en territorio bonaerense
En paralelo, la privatización también enfrenta una creciente resistencia política en territorio bonaerense. Desde el ámbito parlamentario, un puñado de legisladores de Fuerza Patria acompañó los reclamos de asociaciones de consumidores, organizaciones socioambientales y vecinos de los 26 municipios alcanzados por el servicio, que advirtieron sobre el impacto que podría tener la venta en las tarifas, las obras de infraestructura y el acceso al agua potable.
La ofensiva tuvo uno de sus principales capítulos en la Cámara alta, donde los senadores Fernando Coronel, Germán Lago y Marcos Pisano recibieron a representantes de los distritos afectados y cuestionaron el proceso impulsado por la actual conducción nacional. Días después, el bloque que conduce Sergio Berni formalizó su “rechazo categórico” a la privatización y reclamó la reactivación de las obras hídricas paralizadas.
Ahora, la Comisión de Evaluación creada para la licitación deberá determinar si los aspirantes cumplen con las exigencias legales, técnicas, económicas y financieras que estableció el pliego, entre ellas antecedentes en la prestación de servicios sanitarios de gran escala y un patrimonio neto consolidado de al menos USD 300 millones. Los grupos que superen esa instancia pasarán a la apertura de las ofertas económicas, que definirá al ganador según el mayor precio presentado en dólares.
No obstante, el esquema de venta no estableció una base ni un precio mínimo para el 90% del paquete accionario de AySA, por lo que el monto final dependerá de la competencia entre los dos oferentes que superen la evaluación. El Ministerio de Economía proyecta obtener entre USD 450 millones y USD 500 millones, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el programa de propiedad participada.
Una vez conocida la novedad, el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, celebró la apertura de las ofertas técnicas y señaló que el futuro operador deberá realizar inversiones superiores a los USD 2.000 millones durante los primeros cinco años. “Con este hito, el sector privado asume la operación y las obligaciones de inversión y expansión previstas en el contrato. Más obras, más inversiones, más seguridad y menos costos para todos los argentinos”, remarcó el funcionario a través de su cuenta de X.
Castillo lleva a la Legislatura el rechazo a la privatización de AySA
