En las últimas horas, la Municipalidad de Pergamino apuró los últimos trámites administrativos para ingresar como damnificado en la Causa Cuadernos, la investigación que pone en tela de juicio una supuesta recaudación ilegal de dinero bajo contratos estatales durante los gobiernos kirchneristas. Desde el distrito del interior bonaerense, pedirán ante la Justicia inmiscuirse en el expediente para que se cumplan cuatro obras viales firmadas en 2007 que nunca se iniciaron.
Así lo adelantó en diálogo con Diputados Bonaerenses la propia titular del Concejo Deliberante de Pergamino, Gabriela Taruselli, que viene de motorizar una iniciativa redactada por el intendente del PRO, Javier Martínez, para que el legislativo municipal respalde la declaración del Ejecutivo como damnificado directo por “los hechos de corrupción, cartelización y falta de ejecución de obras viales”.
Para entender esta historia basta con remontarse a 2007, cuando Pergamino logró que el extinto OCCOVI (Órgano de Control de las Concesiones Viales) diera lugar al pedido de cuatro obras para frenar accidentes: rectificaciones de curvas y contracurvas con iluminación, una dársena de giro entre la Ruta 188 y la Ruta 32, y dos rotondas para unir un sector con alta siniestralidad, debido al tránsito de 800 alumnos de una escuela agrotécnica, el acceso al parque industrial y la conexión entre la 32, la 188 y la subida de la autopista Pilar – Pergamino. A casi 20 años de la firma de esos acuerdos, nunca se inició ninguna construcción.
“La Municipalidad habilitó a la asesoría letrada para que, cuando se levante la feria judicial, nos presentemos en la Causa Cuadernos. No sabemos cuál va a ser la respuesta del juzgado, porque es inédito que un municipio se presente ante una causa de corrupción. Nuestro objetivo es claro: si se autoriza la explicación de que nos robaron obras y los imputados son condenados, pretendemos que la Justicia restaure el dinero de los embargos o las liquidaciones de bienes para ejecutar obras”, precisó Taruselli.
Según expresó la líder del recinto deliberante pergaminense, en las últimas dos décadas los tres intendentes que pasaron por el Ejecutivo (Héctor María “Cachi” Gutiérrez, Omar Pacini y Javier Martínez), reunieron toda la documentación firmada por el Estado nacional de turno para reclamar el inicio de esas construcciones viales. La idea es que, si la Justicia finalmente termina dándoles la razón, el dinero no vaya a parar a las arcas municipales sino que directamente se utilice para finalizar las obras por el cual fue concedido.
En ese largo letargo en el que no se registraron avances burocráticos, lo que realmente empujó el reclamo comunal fue el desarrollo de la Causa Cuadernos, que tiene como imputados a varios dirigentes que figuran en los expedientes guardados en la Municipalidad.
La investigación judicial que inició en 2018 indaga un presunto sistema de recaudación ilegal de dinero proveniente de empresarios contratistas del Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2007–2015). El caso se originó a partir de los cuadernos escritos por Oscar Centeno, chofer del exsubsecretario de Coordinación del exMinisterio de Planificación Federal, Roberto Baratta. En esas páginas, Centeno habría registrado durante años supuestos recorridos en los que trasladaba bolsos con dinero desde empresas hacia domicilios oficiales o particulares vinculados al poder político. Esas simples palabras son la base de todo el juicio.
La historia de las obras que Pergamino reclamará en la causa Cuadernos
De acuerdo al relato de Taruselli, entre 2007 y 2009 Pergamino tramitó las obras a través de notas enviadas al extitular del OCCOVI, Gustavo Gentili, que en 2011 remitió a la Municipalidad los planos, los montos, los plazos, la obligatoriedad de esos emplazamientos y, lógicamente, el aumento escalonado del peaje para costear una parte de esa construcción. “A partir de ahí las obras tenían documentación firmado en original, número, plano, plazo de ejecución y fechas de inicio y de finalización. Aún las más complicadas, que tenían 12 meses de plazo de ejecución, debían finalizar en el 2012. La concesión se prorrogó hasta 2016, pero nunca inició”, recordó.
Vale aclarar que Gentili fue uno de los procesados por la Cámara Federal debido a supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, principalmente por dos departamentos de más de USD 200 mil en Montevideo y la compra de campos, diamantes y autos antiguos, entre otras cosas. Ese mismo Gentili fue el dirigente que se encargó de firmar los documentos de obras que nunca llegaron a Pergamino.
El extitular de OCCOVI no fue el único protagonista de esta historia. De hecho, la vinculación entre Pergamino y la Causa Cuadernos se dio gracias a Carlos Enrique Wagner, un imputado “arrepentido” que al momento de concesionar las obras era el entonces líder de Corredor de Integración Pampeana S.A y a su vez era el dueño de Zucco S.A, dos empresas vinculadas a las obras en cuestión. Un dato clave es que, en marzo de este año, el abogado de Wagner aseguró que su cliente declaró bajo las presiones del fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez Claudio Bonadío, los dos impulsores del expediente judicial.
“Wagner fue el que dio a conocer cuál era el modus operandi que tenían esas obras. Lo que recibían de certificado de obra directamente lo remitía en bolsos como parte de estos retornos y coimas que se generaban. Ante esta declaración de quien nos tenía que hacer las obras, nosotros reunimos toda esta documentación firmada y presentamos este proyecto que fue aprobado por Juntos, Hechos y LLA, y rechazado por Fuerza Patria y la bancada del Frente Renovador”, remarcó Taruselli.
Desde el municipio de la Segunda sección electoral, mencionaron que en la actualidad la Causa Cuadernos tiene embargado unos USD 1.100 millones, de los cuales USD 50 millones pertenecerían a una cuenta en Suiza a nombre de Wagner. Con esos datos en mano, el gobierno de Pergamino pide que, si efectivamente la Justicia autoriza un embargo en relación a esas cuatro obras, la plata no vaya a la Agencia de Bienes del Estado, sino que se dirija con una afectación específica para la ejecución de las obras que debían hacerse.
“De repente la sociedad ve las causas de corrupción, incluso ve que hay condenas, pero no ve la reparación del daño que la corrupción genera. Es fundamental incorporar este hecho como un antecedente nuevo y que sirva también para otros municipios que atraviesan la 188. Hemos dado bastante información a otros distritos para que lo tengan a disposición en caso de que quieran presentarse. Nosotros no pedimos que la plata venga al municipio, sino que se realicen las obras”, sentenció Tausarelli.
