El próximo lunes, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pedirán la condena para los 13 imputados en la denominada causa Vialidad, entre los que se encuentra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner.
El viernes pasado, la fiscalía, en la audiencia ocho de las nueve pedidas por la causa Vialidad, reforzó las acusaciones contra Cristina Kirchner y sostuvo que la actual vicepresidenta fue “la jefa de una asociación ilícita”.
A su vez, Moro y Luciani aseguraron en su exposición por la causa Vialidad que Cristina Kirchner llevó adelante un “plan delictivo destinado a sustraer y apoderarse de los fondos” del Estado.
“Ahí está la plata que no pusieron en las rutas, en los bolsillos de quienes encabezaron la corrupción más grande en la historia de este país”, enfatizó Luciani.
Por su parte, Moro subrayó que Cristina Kirchner “tuvo el dominio sobre los funcionarios cómplices y el empresario fiel que dieron continuidad a estas maniobras delictivas” que se consignan en la causa Vialidad.
De esta manera, los fiscales acusadores anunciaron que culminarán su exposición con pedidos de condena para los imputados de la causa Vialidad, entre los que se encuentra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Causa Vialidad: terminan los alegatos contra Cristina Kirchner
Justamente, este lunes finalizan las audiencias pedidas por Moro y Luciani contra Cristina Kirchner en la llamada causa Vialidad, por presuntos delitos en la obra pública en Santa Cruz.
Ambos fiscales, aseguraron que dejaron “al descubierto la intervención de Cristina Kirchner, Julio De Vido y Abel Fatala, entre otros, para beneficiar a Lázaro Báez y sus empresas”.
Según Luciani y Moro, antes de la asunción de Mauricio Macri como presidente, la administración de Cristina Kirchner le pagó $537 millones a las empresas de Báez y ordenó que se abandonaran las obras, las compañías y se despida a los empleados.
El fiscal Luciani afirmó así que “Austral Construcciones fue una estructura creada para el direccionamiento y la extracción de fondos ilegales del Estado” y destacó que “su creación fue un eslabón para obtener fondos mediante licitaciones”.
En la causa Vialidad se investigan los presuntos delitos en la obra pública en Santa Cruz (entre 2003 y 2015) en juicio oral y público y se debate si las empresas de Báez resultaron beneficiadas con la adjudicación de 51 obras durante la gestión kirchnerista.
Encontraron pruebas o es la doctrina irurzum?