El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata encabezará el próximo martes 6 de octubre una movilización a la Corte Suprema de Justicia para rechazar el fallo que dejó sin efecto la medida judicial que frenaba la derogación de la Ley de Tierras.
La concentración comenzará a las 15 horas en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Tribunales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), y tendrá como eje el rechazo a la decisión que adoptaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Los magistrados desestimaron el reclamo que el CECIM había presentado contra el artículo 154 del llamado “Mega DNU” (70/2023), que en diciembre de 2023 derogó la Ley 26.737, vigente desde 2011, y eliminó los límites para la adquisición de tierras rurales por parte de personas y empresas extranjeras.
El conflicto judicial comenzó con un amparo presentado por los excombatientes platenses ante la Justicia Federal, en el que cuestionaron la eliminación del régimen mediante el decreto presidencial. A partir de ese planteo, la Cámara Federal de La Plata declaró inconstitucional el artículo 154 y mantuvo sin efecto la derogación de la Ley de Tierras, una decisión que finalmente llegó hasta la Corte Suprema.
En los últimos días, la Corte Suprema terminó por revertir ese pronunciamiento al considerar que el CECIM no tenía legitimación para impulsar la acción colectiva en esos términos, por lo que volvió a quedar vigente el artículo del DNU que eliminó las restricciones. Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió si la derogación de la Ley de Tierras resulta constitucional, sino que limitó su fallo a una cuestión procesal vinculada con quién estaba habilitado para promover el reclamo.
Tras las repercusiones políticas y sociales que generó la resolución, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti difundieron una aclaración pública para precisar el alcance del fallo. “La Corte se expedirá sobre las normas jurídicas conocidas como ley de tierras cuando lleguen esos reclamos, lo que no ha ocurrido hasta el momento”, señalaron los integrantes del máximo tribunal.
En esa línea, los supremos remarcaron que la sentencia no impide que otras personas u organizaciones recurran a la Justicia para cuestionar la derogación dispuesta por el decreto de Javier Milei, por lo que nuevos planteos podrían llegar a la Corte y abrir una discusión sobre la cuestión de fondo.
La controversia volvió a colocar en el centro del debate el régimen que Argentina mantuvo vigente durante más de una década para regular la titularidad extranjera de tierras rurales. Entre otras disposiciones, la ley impulsada durante la gestión de Cristina Kirchner fijaba un límite general del 15% para la propiedad extranjera a nivel nacional, provincial y departamental, además de establecer restricciones específicas sobre determinados territorios y recursos naturales.
El fallo de la Corte reactivó la pelea por la Ley de Tierras en la Legislatura bonaerense
El fallo también provocó repercusiones en la provincia de Buenos Aires, donde representantes de diferentes espacios políticos presentaron un repudio formal a la resolución judicial y advirtieron sobre el impacto que puede tener la eliminación de las restricciones en territorio bonaerense.
“La tierra rural no constituye únicamente un activo económico, su regulación se encuentra estrechamente vinculada con la producción agropecuaria, el ordenamiento territorial, la disponibilidad y protección de recursos naturales”, alegaron los diputados bonaerenses.
La presentación contó con el respaldo del titular de la bancada peronista, Facundo Tignanelli, y sus pares Lucía Iañez, Mariano Cascallares, Juan Martín Malpeli, Rubén Eslaiman, Ana Luz Balor, Silvina Nardini, Alejandro Acerbo, Romina Barreiro, Viviana Guzzo, entre otros; así como el jefe del bloque de Nuevos Aires, Fabián Luayza, junto al resto de los integrantes de la bancada, Gustavo Cuervo y Viviana Romano.
También firmaron el texto el presidente del bloque de Unión y Libertad, Martín Rozas; el titular del bloque de la Coalición Cívica, Andrés De Leo, y su compañera Romina Braga; además de la titular de UCR – Unión Cívica Radical, Alejandra Lordén.
En paralelo, dentro de la Cámara de Diputados bonaerense tomó impulso una normativa unificada a partir de dos proyectos del oficialismo, que busca establecer un régimen provincial para regular el acceso de extranjeros a las tierras rurales. De esta manera, el debate legislativo apunta a avanzar con una herramienta propia frente al escenario que abrió la decisión de la Corte, que volvió a dejar vigente el decreto libertario.
