La Confederación General del Trabajo (CGT) aseguró que “la Constitución Nacional es la única garante del Estado de derecho” y denunció que el protocolo antipiquetes del ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, es una estrategia para “criminalizar la protesta social” en la Argentina.
“El protocolo difundido por Bullrich es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social que, luego de los anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo, implica vulnerar el efectivo ejercicio del derecho constitucional de libertad de expresión y sindical”, sostuvo la central obrera en un documento de prensa.
En esa línea, la central cegetista remarcó que el protocolo antipiquetes de Bullrich “vulnera libertades individuales y colectivas, desfavoreciendo el clima social, que requiere estar exento de violencia, presiones y amenazas, un elemento esencial para la libertad sindical”.
“Ese protocolo antipiquetes procura subordinar la acción de la justicia a las fuerzas policiales y de seguridad, más allá de las evidentes reservas constitucionales de la medida, la central ratifica que los trabajadores siempre fueron los primeros en respetar la ley, porque saben que ello es la mejor garantía para que sus derechos sean respetados”, afirmaron desde la CGT.
Además, la conducción sindical puntualizó que “el respeto a la ley involucra a todos, es decir, a los ciudadanos y a las autoridades, que tienen que comprometerse de manera plena con la defensa de los derechos sociales consagrados en la Constitución Nacional”.
“La vigencia del Estado de derecho es el contexto democrático para hallar soluciones reclamadas en un momento crítico del país, para lo cual es necesario más que nunca el diálogo”, expresaron desde la CGT y ratificaron: “La consolidación de ese sistema de gobierno con justicia social es con más diálogo, democracia y paz social”.
Vale recordar que, este jueves, la ministra de Seguridad presentó su protocolo antipiquetes, que dispone, entre otras medidas, la intervención de las cuatro fuerzas federales del Estado ante una protesta que impida la circulación de los ciudadanos.
De esta manera, las fuerzas federales Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria podrán intervenir “frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales”. A ellos se sumará, el Servicio Penitenciario Federal, que recientemente pasó a depender de la cartera que conduce la dirigente del PRO.
“Es necesario que los argentinos sean liberados de los sectores que los extorsionan. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas llevarán a cabo la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia”, precisó Bullrich.
A su vez, el protocolo antipiquetes de Bullrich propone identificar a quienes corten arterias, aplicar las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
Cómo se aplicará el protocolo antipiquetes
Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo a la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo antipiquetes busca coordinar el plan, para que toda la vía pública esté custodiada ante las protestas.
Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.
En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes“, subrayó Bullrich.
“Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.
Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños deben estar en la escuela”, cerró la funcionaria.
