La Confederación General del Trabajo (CGT) salió este viernes a repudiar el fallo de la Justicia que prohíbe la difusión de nuevos audios filtrados de la hermana del presidente y titular del partido libertario, Karina Milei, en el marco del escándalo de las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
Es que, el lunes, la administración Javier Milei radicó dos denuncias penales contra los periodistas al alegar una “operación de inteligencia para grabar conversaciones privadas” de la armadora del partido de La Libertad Avanza (LLA), en donde se ordenó que se detenga de manera inmediata la difusión de más material audiovisual.
“Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, aseguró el vocero presidencial, Manuel Adorni. En la presentación, el oficialismo habla de una “maniobra golpista”.
Las denuncias, que recayeron en el Juzgado Federal N° 12, que subroga el magistrado Julián Ercolini, suceden luego que las fuerzas del cielo se enterarán de que habría audios de más de un ministro, que los periodistas pretendía sacar en los próximos días, a seis días de las elecciones legislativas bonaerenses, que tendrán lugar el próximo 7 de septiembre.
En ese contexto, cinco días más tarde, la central obrera salió del letargo y salió a repudiar lo que calificaron como un ataque a la libertad de expresión. “La CGT expresa su más profunda preocupación ante el grave ataque a la libertad de prensa y al derecho a la información ejecutado por el Gobierno Nacional”, señalaron.
Además, en la misiva, la central obrera remarcó que este avance se enmarca en un contexto de hostigamiento a la prensa y de agresiones contra periodistas. Como ejemplo, recordaron que “un trabajador de prensa resultó gravemente herido mientras cubría un acto de campaña de La Libertad Avanza en Moreno”.
En esa línea, la CGT subrayó que el cuestionado fallo de Alejandro Patricio Maraniello representa un acto de censura previa, que se encuentra en abierta contradicción con el articulo 14 de la Constitución Nacional, y el articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dos normativas que garantizan el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones de cualquier índole.
No obstante, la denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual “prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas”. En este marco, solicitaron medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones.
“No se permitirá que operaciones ilegales ni injerencias extranjeras manipulen la democracia argentina; los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia“, deslizaron desde el Gobierno, luego de que la Justicia ordenara el cese inmediato de la difusión de nuevos audios grabados y que fue celebrado por el oficialismo.
Para garantizar el cumplimiento de la medida, el fallo dispone además que se envíe un oficio con habilitación de días y horas inhábiles al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). El vocero presidencial se hizo eco de la noticia en sus redes sociales y aseguró que la Justicia busca frenar la polémica iniciativa el viernes pasado, cuando se conocieron audios breves de “El Jefe” donde se refería a la interna libertaria.
La CGT también cruzó el DNU de Milei contra los canillitas
La CGT también aprovechó la ocasión para rechazar el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 629/2025, firmado esta semana por el Poder Ejecutivo, que según ellos, “tiene como único fin golpear la actividad que realizan vendedores de diarios y revistas, desregulando e hiriendo de muerte la actividad de los canillitas”.
En efecto, el decreto de la administración nacional elimina normativas clave como el Decreto 1025/00 y el Decreto 1693/09, que regulaban específicamente la venta y distribución callejera de diarios y revistas. Además, suprime el Registro Nacional de Vendedores de Diarios y Revistas, que dependía del Ministerio de Trabajo.
“Desde la CGT manifestamos nuestra solidaridad con las y los trabajadores de prensa, repudiamos toda acción intimidatoria promovida desde el poder político y rechazamos categóricamente la medida judicial adoptada, por constituir un antecedente gravísimo contra la democracia”, concluyeron desde la central.
