Otro violento ataque contra un chofer del Conurbano bonaerense volvió a alentar el reclamo por que se cumpla la ley provincial 14.897, sancionada en 2016 por la Legislatura Bonaerense, que obliga a todas las empresas de colectivos a instalar cámaras de seguridad en todas las unidades.
“No instalaron las cámaras de seguridad, es una ley ya vigente y ellos no la cumplen. Los policías hacen lo que pueden, pero acá la responsabilidad es de más arriba. Esta gota rebasó el vaso, es lo de siempre, y cada vez más violencia”, resumió Eduardo Morandi, uno de los compañeros del colectivero apuñalado en Moreno.
En abril pasado el crimen del chofer de la línea 620 de La Matanza, Leandro Alcaraz, había motivado fuertes críticas a la administración de María Eugenia Vidal por no reglamentar la norma pese a haber pasado un año y medio desde su aprobación. Finalmente después de una seguidilla de episodios violentos la Provincia la terminó formalizando.
Pero sin embargo, aún la ley no se cumple. “Cuando baja el sol se vive con el corazón en la boca por lo que te pueda pasar. A la noche las cosas se van complicando. Esperamos una respuesta rápida de las autoridades”, sintetizó Pablo Fernández, otro de los delegados gremiales.
Por el ataque del chofer de Moreno representantes de las siete líneas de colectivos que por estas horas paran hasta la medianoche se reunirán con autoridades policiales y municipales para pedir que se efectivice la ley.
A mediados de 2016 el propio ministro de Seguridad provincial Cristian Ritondo, tras la muerte de un colectivero de la línea 514 en Claypole, había anunciado su reglamentación.
