Ante la calamitosa situación económica, el Gobierno Nacional autorizó que los colegios privados bonaerenses, con y sin aporte estatal, tengan hasta el 18 de diciembre para comunicar a la Secretaría de Comercio los valores de la matrícula correspondiente al ciclo lectivo 2024.
En ese sentido, la Secretaría de Industria, Comercio y Minería de la Nación autorizó, a través de la resolución 1794/2023, la prórroga hasta mediados de diciembre, a pesar de que correspondía completarlo antes del 31 de octubre.
Es que, una normativa vigente desde el año 1993 determina que los establecimientos de enseñanza pública de gestión privada informarán a los padres o responsables de los alumnos antes del 1º de octubre de cada año, los contratos de enseñanza aprobados, así como también el costo de los servicios para el año siguiente.
Sin embargo, ante la situación de incertidumbre que generan las condiciones inflacionarias y la inestabilidad económica, la Asociación de Institutos de Enseñanza Privados de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA) y la Junta Nacional de Educación Privada (JUNEP) presentaron el 7 de septiembre pasado un pedido de prórroga de las obligaciones estipuladas en los artículos 5°, 6° y 7° del Decreto N° 2417/93 para que se exima a las instituciones educativas de su cumplimiento.
“Resulta imposible cumplir en debido tiempo y forma con las obligaciones estipuladas en el Decreto aludido, siendo que las instituciones no pueden realizar una previsión responsable y acorde a la realidad para establecer actualmente el valor de la matrícula y el arancel educativo para el próximo ciclo lectivo”, explicó el secretario ejecutivo de AIEPBA, Martín Zurita.
En esa línea, la entidad que agrupa a más de 2.300 colegios privados sostuvo que no pueden “armar presupuestos sobre indicadores que son tan volátiles”. “Puede resultar perjudicial para los padres o generar un severo inconveniente a los colegios“, remarcaron.
En ese contexto, la Secretaría de Comercio le concedió el pedido a AIEPBA y JUNEP para que los colegios privados puedan evaluar con más tiempo el escenario venidero y presenten, así, contratos educativos más convenientes.
“Con el objeto de dotar a los padres o responsables de los alumnos de los establecimientos educativos con un mayor plazo para generar ámbitos de diálogo con las autoridades de dichos establecimientos a los efectos de poder lograr las conformidades necesarias de la mayoría de ellos, resulta necesario adecuar el plazo otorgado“, explica la resolución de la Secretaría de Comercio Interior.
