Los Consejos y Colegios profesionales de médicos, veterinarios, traductores, obstétricas, intérpretes y universitarios, junto con la Coordinadora de Cajas de Previsión y la Confederación General de Profesionales, rechazaron de forma unánime el proyecto presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, que busca desregular el ejercicio profesional en todo el país, con la eliminación de la colegiación obligatoria y la creación de un Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano.
Todas las entidades mencionadas advirtieron que “eliminar la colegiación obligatoria dejaría sin control ético ni profesional el ejercicio de cientos de disciplinas”, lo que expondría a la población a malas prácticas e intrusismo. En ese sentido, las entidades señalaron que el sistema de colegiación cumple funciones esenciales como la fiscalización de matrículas, la aplicación de sanciones cuando corresponde, y la puesta en valor de estándares de formación continua.
De acuerdo al texto presentado por la diputada libertaria en el Congreso, el nuevo esquema permitiría a cualquier profesional ejercer su actividad en cualquier punto del país, sin necesidad de estar matriculado en un Colegio de cada jurisdicción. Además, el proyecto de Pagano prevé la eliminación de los aportes colegiales, lo que implica una desfinanciación directa de estas instituciones.
Es preciso mencionar que, la propuesta recibió una dura respuesta por parte de la Confederación Médica Latinoiberoamericana y del Caribe (CONFEMEL), la Confederación General de Profesionales de la República Argentina, la Coordinadora de Cajas de Previsión y Seguridad Social para Profesionales de la República Argentina, el Consejo Superior del Colegio de Obstétricas bonaerenses, distintos Colegios de Intérpretes y de Traductores, y el Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires, que rápidamente advirtieron sobre la inconstitucionalidad de la idea de Pagano y el riesgo que representa para la seguridad de las profesiones y la protección de la sociedad.
Entre los puntos comunes que manifestaron los distintos Colegios profesionales y federaciones, se destaca el señalamiento al artículo 121 de la Constitución Nacional, que garantiza a las provincias el poder no delegado al Gobierno federal, lo que incluye la facultad de regular las profesiones. Para las entidades, esta iniciativa avanza sobre esa potestad y vulnera el sistema federal argentino.
Con un fuerte respaldo en dichos argumentos, desde los distintos Colegios profesionales insisten en que “ningún Registro Nacional de profesionales universitarios y no universitarios podría reemplazar el entramado territorial y disciplinario” que ofrecen actualmente las entidades.
Otro aspecto compartido en los documentos que llevan la firma de más de diez Colegios profesionales fue el reclamo por la afectación directa al sistema previsional profesional. En ese contexto, la Coordinadora de Cajas remarcó que las mismas son sostenidas por los propios aportes de los matriculados, y que la pérdida de financiamiento implicaría un golpe grave a la seguridad social de miles de trabajadores.
Por su parte, la CONFEMEL también alertó por el “daño irreparable” que implicaría la desarticulación de los marcos regulatorios provinciales en términos previsionales, al tiempo que solicitó “el retiro inmediato” del proyecto de ley firmado por Pagano debido a la inconstitucionalidad manifiesta.
En particular, el Consejo Superior del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires señaló que, si bien la Resolución 1641/2025 del Ministerio de Salud solo aplica en instituciones nacionales, su contenido revela una mirada retrógrada que considera a la obstetricia como una profesión de colaboración subordinada. Por eso, las profesionales de la salud reproductiva reclamaron la derogación de la Ley 17.132 por entender que menoscaba su trabajo, y reiteraron su demanda por una Ley Marco nacional que reconozca plenamente su autonomía.
Por su parte, los Colegios de Traductores e Intérpretes de diversas provincias hicieron foco en el rol específico que cumple su disciplina como garante de la seguridad jurídica, al destacar que el traductor público “no solo facilita la comunicación, sino que interviene en actos legales de relevancia”. Al mismo tiempo, argumentaron que una traducción pública sin control profesional “podría generar consecuencias graves, desde errores en registros civiles hasta falencias en documentación sanitaria, alimentaria o migratoria”, por lo que alentaron la desestimación del escrito de Pagano.
Por caso, desde el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, la crítica se centró en la amenaza que representa el proyecto para el enfoque sanitario integral conocido como “Una Salud”, que articula salud humana, animal y ambiental, al recalcar que esa tarea “solo puede ser garantizada por profesionales controlados y habilitados”, y alertaron que una desregulación en ese sentido pondría en riesgo la salud pública.
Finalmente, desde la Confederación General de Profesionales y la Coordinadora de Cajas remarcaron que el discurso del “abaratamiento es simplista”, ya que ignora los efectos reales que la falta de regulación tendría sobre la calidad de los servicios profesionales, y consideraron que, lejos de eliminar burocracia, la desregulación de los Colegios profesionales abriría un escenario de descontrol e informalidad sin precedentes.
Al final, todos los Colegios profesionales que repudiaron el proyecto de Pagano exigieron su retiro inmediato del Congreso, al considerarlo peligroso, inconstitucional y contrario al interés público. Además, anunciaron que impulsarán acciones legales, sociales y políticas en caso de que la propuesta avance en el Parlamento, y coincidieron en que desfinanciar y desregular las entidades profesionales “no significa mayor libertad”, sino una grave amenaza para el ejercicio responsable de las profesiones y la protección de la ciudadanía.
