Las entidades de sociología de todo el país emitieron un comunicado conjunto para rechazar de manera “categórica” el proyecto de ley 1677-D-2025, presentado por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, tras advertir que propone eliminar los Colegios profesionales y sustituirlos por un Registro Nacional en el ámbito del Ministerio de Capital Humano.
“El régimen colegiado está consagrado en legislaciones provinciales que reconocen la competencia local sobre el ejercicio profesional. Imponer un registro nacional único desconoce nuestra organización federal y vulnera las potestades constitucionales de las provincias”, expresaron en un comunicado conjunto las entidades.
En rigor, el documento difundido en las últimas horas lleva las firmas del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires, el Consejo Profesional en Sociología, la Asociación de Sociólogos de la República Argentina, Sociología del Litoral Asociación Civil, y el Colegio de Sociólogos de Santiago del Estero, entre otras entidades.
Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones alertaron sobre el “desfinanciamiento de funciones esenciales” que implicaría el proyecto, ya que prohíbe la percepción de tasas, cuotas colegiales o cualquier contribución obligatoria. Estas cuotas son las que actualmente financian los programas de formación continua, los tribunales de ética profesional, los seguros para la práctica y el asesoramiento jurídico para profesionales.
“El proyecto paralizará servicios esenciales y dejará a la sociedad sin protección frente al ejercicio irresponsable o fraudulento de las profesiones”, afirmaron. También advirtieron que la calidad académica y científica está en riesgo si no existen mecanismos que validen títulos, acrediten incumbencias y promuevan la actualización profesional constante.
Además, los sociólogos denunciaron que la propuesta implica una “precarización laboral y pérdida de representación” para miles de trabajadores de la sociología, al eliminar la colegiación obligatoria y con ello los espacios colectivos que garantizan condiciones laborales dignas y honorarios acordes. “Esto expone a los colegas a la competencia desleal y a la mercantilización extrema de la profesión”, señalaron.
Las entidades rechazaron la idea de que los colegios sean simplemente “barreras burocráticas” y remarcaron que su función principal es proteger el interés público: “Garantizan que quienes ejercen una profesión lo hagan con idoneidad, responsabilidad social y sujeción a un código de ética. Desmantelar ese sistema implica desproteger a la sociedad”.
Por todo lo anterior, las organizaciones exigieron el “retiro inmediato” del proyecto, llamaron a legisladores de todas las bancadas del Congreso a rechazarlo y convocaron a universidades, centros de estudiantes y otras entidades profesionales a sumarse al repudio. En caso de que el tratamiento parlamentario avance, anticiparon acciones judiciales y movilizaciones federales en defensa de la colegiación y la autonomía profesional.
El proyecto de ley, presentado por Pagano bajo el título “Desregulación de la actividad de los profesionales universitarios y no universitarios”, propone la creación de un Registro Nacional que reemplace a las matrículas provinciales. Establece que la inscripción será gratuita y elimina cualquier tipo de cuota o tasa obligatoria para ejercer la profesión, bajo el argumento de que las actuales exigencias imponen barreras económicas al acceso al trabajo profesional.
Pagano defendió su iniciativa en los fundamentos del proyecto al señalar que el sistema actual impone “cargas económicas considerables” y afecta la libertad de ejercicio. A modo de ejemplo, mencionó el costo de la matrícula de abogados en la Ciudad de Buenos Aires y los aranceles de medicina nuclear como trabas injustificadas, incluso para profesionales que desarrollan tareas insalubres o de alto riesgo social.
Sin embargo, desde el ámbito de la sociología y otras profesiones reguladas, la propuesta es vista como un intento de vaciar de competencias a los colegios profesionales y debilitar los mecanismos de control que garantizan buenas prácticas. “Este proyecto no busca igualdad ni libertad profesional, sino desmantelar la institucionalidad construida durante décadas”, remarcaron los sociólogos.
