El Congreso inicia un nuevo período de sesiones con un panorama de mayor paridad entre el oficialismo y la oposición, luego de un año en el que todos los proyectos opositores fueron vetados sin posibilidad de ser revertidos. La Libertad Avanza también mostró grietas con sus aliados, como cuando evitó dar quórum para la ley de Ficha Limpia impulsada por el PRO, pese a presentar luego una versión propia.
El presidente Javier Milei inauguró las sesiones ordinarias del Congreso con un tono confrontativo y un paquete de reformas que incluyen equilibrio fiscal obligatorio, reducción de impuestos y una reforma laboral. Sin embargo, el único punto que tendrá un tratamiento inmediato es la baja de la imputabilidad, un tema que volvió a la agenda tras el asesinato de Kim Gómez en La Plata.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya habían presentado un proyecto en 2023 para reducir la edad de imputabilidad a 13 años, pero no logró dictamen. Tras el discurso de Milei, la diputada Rodríguez Machado confirmó que se convocará a un plenario para avanzar en la unificación de los 13 proyectos sobre el Régimen Penal Juvenil que siguen en estado parlamentario.
De todos modos, el Congreso también deberá abordar el acuerdo con el Fondo Monoetario Internacional (FMI) y es que Milei anunció que enviará el decreto del nuevo acuerdo para su ratificación, pese a que el organismo aún no lo confirmó. Desde Unión por la Patria consideran que el anuncio solo fue un mensaje a los mercados, tras la caída de bonos y el aumento del riesgo país. En tanto, Encuentro Federal ya advirtió que solo votarán el acuerdo si el Gobierno presenta antes su plan económico y el presupuesto 2025.
Asimismo, uno de los principales ejes que la oposición de centro (radicalismo, Encuentro Federal y el larretismo) busca sostener en la Cámara de Diputados es la investigación sobre el fraude con la criptomoneda $Libra. En tanto que desde la Coalición Cívica apuntan contra la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, mientras que en el Senado se insiste en la conformación de una comisión especial para esclarecer el rol del Ejecutivo en el escándalo financiero.
Inicialmente, la sesión para tratar este tema estaba prevista para el miércoles a las 12 horas. Sin embargo, el oficialismo intentó bloquearla con una maniobra política y convocó para ese mismo día, a las 11 horas, a un plenario de cuatro comisiones con 144 diputados para debatir un nuevo Régimen Penal Juvenil y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
En respuesta, la oposición adelantó la sesión a las 10 de la mañana e incorporó un nuevo tema en la agenda: la declaración de emergencia por 90 días en Bahía Blanca, tras el temporal que dejó 16 muertos y más de 100 desaparecidos. Esta movida sumó a peronistas, radicales y el PRO a la presión contra el oficialismo, que hasta el momento no acompañó el proyecto.
Congreso: el PRO y su relación con el Gobierno
Uno de los puntos clave del nuevo ciclo legislativo es el nivel de apoyo que el PRO mantendrá hacia La Libertad Avanza. Durante 2024, la alianza entre ambas fuerzas se sostuvo sin fisuras, pero en la emergencia de Bahía Blanca aparecieron firmas de legisladores macristas como Cristian Ritondo y Alejandro Finocchiaro, junto a diputados referenciados con sectores libertarios como Diego Santilli.
El PRO también participó de una jugada que golpeó al oficialismo esta semana: una alianza entre radicales y peronistas desplazó a la libertaria Nadia Márquez de la presidencia de la comisión Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes. La diputada neuquina reaccionó con sospechas hacia sus socios: “El PRO debería tener la secretaría, salvo que haya otro acuerdo con Unión por la Patria y la UCR que no nos hayamos enterado”.
Otro tema que podría generar más tensiones dentro de la alianza es la discusión sobre las retenciones. Diputados del PRO presentaron uno de los siete proyectos que serán debatidos en la comisión de Agricultura y Ganadería el martes. La intención es eliminar las retenciones de manera permanente, en contraposición a la política del Gobierno, que solo prevé reducciones temporales hasta junio.
