A cuatro días de que comience el período de sesiones extraordinarias, un grupo de 500 empresarios le solicitó a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados nacional que “desista del intento de juicio político” contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, promovido por el presidente Alberto Fernández y once gobernadores cercanos al oficialismo.
En ese sentido, los empresarios representantes de las compañías más importantes del país, como JP Morgan-Amcham, ACDE, Acíndar, Fiat, Globant, Siemens Argentina, Cresud, Aea, Ledesma, Danisco y La Anónima, entre otras, advirtieron que el juicio a la Corte afectará la inversión privada en la Argentina.
A través de una carta, los empresarios que rechazaron el juicio a la Corte afirmaron que el respeto a la división de poderes y el “acatamiento a las sentencias del Poder Judicial son elementos esenciales de la Constitución Nacional y fundamentales para que exista la inversión privada y la creación de empleo”, en lo que significa una fuerte advertencia al Gobierno nacional.
“Iniciar un proceso de juicio a la Corte por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias es un desatino institucional que, además de ponernos en evidencia negativamente ante los ojos del mundo, pone en duda cualquier decisión de inversión a largo plazo en Argentina”, afirmaron los empresarios.
Entre los fundamentos que expusieron los titulares de las empresas más poderosas de la Argentina para repudiar el juicio a la Corte, que está próximo a comenzar a tratarse en la Cámara de Diputados nacional, se preguntaron: “¿Quién va a invertir en un país que cambia las reglas de juego permanentemente y desconoce los fallos de la Justicia?”.
En esa línea, los firmantes del rechazo al juicio a la Corte apelaron a la “conciencia y responsabilidad” de los diputados para que “reflexionen a tiempo, se aboquen a la tarea de abordar los múltiples problemas que aquejan a nuestra población y le eviten a nuestro país un período de turbulencia política injustificada”.
Vale recordar que, la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso está pautada para el lunes 23 de enero y el Gobierno nacional espera que el próximo miércoles estén presentes los 16 diputados oficialistas que integran la comisión de Juicio Político para poder avanzar en el proceso contra los cuatro integrantes del Máximo Tribuinal.
A su vez, según adelantó el bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, el arco opositor irá a la comisión de Juicio Político el jueves 26 de enero con sus 15 diputados para completar el total de 31 integrantes, aunque allí el Frente de Todos tiene mayoría para emitir el dictamen para que el juicio a la Corte de sus primeros pasos.
Entre los empresarios que mostraron su repudio al juicio a la Corte, se encuentran Enrique Cristofani (Banco Santander), Roberto Murchison (Grupo Murchison), Nicolás Braun (La Anónima), Santiago Mignone (PwC), Gonzalo Tanoira (ACDE- San Miguel), Guibert Englebienne (Globant), Antonio Estrany y Gendre, Luis Bameule (AEA).
Además, adscribieron los ejecutivos Mariano Bosch, Eduardo Braun, Gerardo Cartellone, Carlos Miguens, Juan Llach, Facundo Gómez Minujin (pte Amcham), Eduardo Caride, Fernando Oris de Roa, Javier Goñi (Ledesma) Juan Carlos Cassagne, Máximo Founruge, Cecilia Mairal y Javier Patrón (Estudio Marval), entre otros.
La carta de los empresarios contra el juicio a la Corte
Juicio a la Corte: los antecedentes
En el marco del juicio político a la Corte, hay un antecedente que protege a los legisladores y la protagonista es la actual vicepresidenta, Cristina Kirchner, que fue presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales en 2005, cuando se consumó la medida judicial contra el juez de la Corte, Antonio Boggiano.
En ese momento, Cristina Kirchner rechazó un pedido de recusación ante los senadores Miguel Ángel Pichetto y Jorge Yoma, que habían solicitado los diputados Adrián Pérez y María América González bajo el argumento de que ambos habían incurrido en “un verdadero anticipo de opinión”.
De todas maneras, Boggiano fue destituido, al igual que el cortesano Eduardo Moliné O Connor, y ambos perdieron la jubilación de privilegio, mientras que los otros tres miembros de la Corte, Julio Nazareno, Adolfo Vásquez y Guillermo López, terminaron renunciando.
