En las últimas horas, el Gobierno nacional de Javier Milei inició gestiones para recomponer el vínculo con el PRO en el Congreso, luego del fuerte conflicto desatado por la designación de tres auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN), una maniobra impulsada durante una sesión de madrugada en Diputados que generó un quiebre con uno de sus principales aliados parlamentarios y derivó en una ofensiva judicial del bloque macrista.
Cabe recordar que, la tensión escaló luego de que, con la firma de su presidente Cristian Ritondo, el bloque de diputados del PRO presentara un recurso de amparo ante la Justicia para frenar la designación de los auditores aprobada por la Cámara baja el pasado 18 de diciembre.
Por caso, en esa resolución se oficializó el nombramiento de Rita Mónica Almada, vinculada a La Libertad Avanza, del dirigente kirchnerista Juan Ignacio Forlón y de Cinthia Pamela Calletti, asociada políticamente al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, una decisión que el macrismo consideró como una ruptura de acuerdos políticos previos.
En este sentido, desde el PRO sostienen que la designación de los tres auditores fue “abiertamente inconstitucional”, y que se realizó al margen de los procedimientos parlamentarios básicos. Según el planteo presentado ante la Justicia, el asunto no estaba incluido en el temario habilitado para las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, lo que implicaría una violación directa de la Constitución Nacional.
Además, a esta denuncia, los diputados enfilados detrás de Ritondo sumaron cuestionamientos por la forma en que se llevó adelante la votación, cerca de las tres de la mañana y sin debate previo en comisión, lo que para el bloque opositor, aunque aliado del Gobierno en el Congreso, configura una acumulación de irregularidades.
No obstante, el trasfondo del conflicto es eminentemente político. En el PRO daban por descontado que uno de los cargos sería ocupado por Jorge Triaca, pero quedaron excluidos de un entendimiento que, según interpretan, se cerró entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sectores de Fuerza Patria y gobernadores del norte del país. Por eso, la maniobra fue leída como una traición al PRO en la primera sesión del Congreso con su nueva conformación tras las elecciones nacionales de octubre, lo que profundizó el malestar interno en el partido fundado por Mauricio Macri.
En este contexto, el ministro del Interior, Diego Santilli, asumió un rol central para intentar descomprimir la situación y evitar una ruptura definitiva con el PRO, un socio clave para que la Casa Rosada pueda avanzar con su agenda legislativa. Históricamente identificado con el macrismo, el flamante funcionario buscó tender puentes y bajar el tono del conflicto, consciente de que el oficialismo necesita del acompañamiento parlamentario del PRO para sostener sus reformas estructurales.
En declaraciones radiales, Santilli destacó el respaldo que el bloque PRO le brindó al Gobierno desde el inicio de la gestión, y remarcó la coherencia de ese acompañamiento. Además, el ministro afirmó que el espacio actuó de manera firme antes, durante y después de la sesión cuestionada y subrayó que ese es el camino que, a su entender, demanda la sociedad, e insistió en que la voluntad del Gobierno es “seguir trabajando en conjunto y mantener una relación política funcional” pese a la controversia.
Al referirse específicamente a la judicialización del conflicto, Santilli buscó despegar al Poder Ejecutivo de la decisión tomada en Diputados, señaló que la designación de los auditores es una atribución exclusiva del Congreso y que no se trata de una determinación del Ejecutivo nacional, al tiempo que sostuvo que “será la Justicia la que deba analizar si existieron irregularidades en el procedimiento”, y resolver en consecuencia.
En tanto, desde el PRO el planteo judicial pone el foco en la legalidad del proceso. Es que, en la presentación firmada por Ritondo se remarca que el decreto presidencial que convocó a sesiones extraordinarias no incluía la designación de autoridades de la AGN, lo que invalidaría el tratamiento del tema. Además, el bloque macrista cuestionó la falta de publicidad, transparencia y debate parlamentario, elementos que consideran esenciales para la validez de una decisión de ese alcance institucional.
De esta manera, el conflicto por los auditores dejó al descubierto las fragilidades de los acuerdos legislativos que sostienen al oficialismo y abrió una etapa de recomposición política que será clave para el futuro inmediato del Congreso, mientras la relación entre La Libertad Avanza y el PRO aparece como un factor determinante para la gobernabilidad, en un escenario donde cada votación requiere negociaciones finas y equilibrios inestables.
Congreso: tambalea el futuro del Presupuesto y las reformas
Más allá de la polémica por los auditores de la AGN, Santilli defendió con énfasis el principal objetivo legislativo del Gobierno: alcanzar el equilibrio fiscal y lograr la aprobación del Presupuesto 2026. En ese sentido, el funcionario remarcó que la disciplina en las cuentas públicas es uno de los pilares que permitió bajar la inflación y sentar las bases del crecimiento económico, y advirtió que el país lleva tres años sin un presupuesto aprobado, una situación que consideró insostenible para cualquier administración.
Así, el ministro explicó que las dificultades para avanzar en algunos capítulos del debate parlamentario están vinculadas a leyes que requieren mayorías agravadas y que, desde la mirada del Ejecutivo, podrían generar desequilibrios fiscales significativos. Aun así, evaluó el avance legislativo como “muy positivo”, y sostuvo que el proceso debe analizarse en términos de logros acumulados, más que de tropiezos puntuales.
En relación con la reforma laboral, Santilli detalló que la postergación de su tratamiento en el Senado respondió a una estrategia legislativa y no a presiones externas, precisó que la gran cantidad de pedidos de audiencia motivó la decisión de trabajar el tema en comisión durante el mes de enero, con la intención de llegar a febrero con un dictamen sólido. En ese marco, defendió la iniciativa al señalar que más de la mitad de los trabajadores del país se encuentran en la informalidad y carecen de derechos básicos.
Finalmente, el ministro se refirió a la ausencia del gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Pacto de Mayo y atribuyó esa situación a una decisión política del propio mandatario provincial. Además, Santilli señaló que el presidente Milei mantiene la convocatoria abierta para quienes compartan una visión de desarrollo y reducción de impuestos, y cuestionó la falta de adhesión de la provincia de Buenos Aires a leyes que el Gobierno considera centrales, como la de reiterancia.
