Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación firmará en comisión un dictamen clave sobre el proyecto de Unión por la Patria y la Coalición Cívica que busca declarar la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027, lo que motivó una nueva movilización de organizaciones, quienes se concentrarán frente al Congreso en rechazo a los recortes en el sector y en reclamo de una pronta resolución parlamentaria.
El proyecto, que es resistido por el oficialismo, será debatido en un plenario de comisiones integrado por Discapacidad, Acción Social y Salud Pública, y Presupuesto. Por el momento, la oposición confía en aprobar el dictamen este mismo miércoles y avanzar con su tratamiento en el recinto durante la primera quincena de mayo, luego de haber conseguido semanas atrás, con 126 votos afirmativos, un emplazamiento para forzar esta reunión, que se encontraba demorada por la negativa del presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert.
Es preciso mencionar que, la iniciativa fue respaldada por legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, sectores disidentes del radicalismo, el bloque de izquierda y algunos representantes libertarios no alineados con el oficialismo. En cambio, el rechazo provino de La Libertad Avanza, el PRO y otra parte de la Unión Cívica Radical (UCR), mientras que un amplio grupo de diputados radicales se abstuvo.
En paralelo al debate legislativo, la movilización convocada por agrupaciones vinculadas a la discapacidad busca visibilizar el deterioro de las condiciones de vida de miles de personas afectadas por el recorte presupuestario en áreas clave como salud, transporte, educación, pensiones y programas sociales.
Según dejaron trascender, la movilización de las organizaciones que nuclean a personas con discapacidad se realizará frente al Congreso desde este mediodía, y contará con la participación de prestadores de servicios, familiares, organizaciones sociales y colectivos de autogestión.
Desde las entidades organizadoras advirtieron que “la situación es insostenible”, y que las medidas de ajuste del Gobierno nacional de Javier Milei profundizaron una crisis estructural ya existente. “Esta ley es una respuesta urgente frente a una emergencia real. No se trata solo de sostener servicios, sino de garantizar derechos humanos fundamentales”, expresaron en un comunicado conjunto.
Es que, el proyecto de ley en discusión que busca declarar la Emergencia Nacional en Discapacidad en todo el país hasta el 31 de diciembre de 2027, establece también que el Estado nacional deberá garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional desde la sanción de la Ley 27.044, y señala que la norma es de orden público, lo que implica su aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
Entre sus puntos más destacados, la iniciativa dispone el financiamiento adecuado y sostenido de las Pensiones No Contributivas, así como de los programas dependientes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que actualmente enfrentan severas restricciones presupuestarias.
Asimismo, las organizaciones denuncian demoras en los pagos a prestadores de asistencia sanitaria a las personas con discapacidad, suspensiones de traslados y recortes que impactan directamente en la calidad de vida de los damnificados.
Cabe señalar que, la jornada de movilización de este miércoles había sido originalmente convocada para la semana pasada, pero fue reprogramada a raíz del duelo nacional decretado tras la muerte del papa Francisco. Con esta reanudación, los colectivos buscan renovar la presión sobre los legisladores para lograr la aprobación del dictamen y darle tratamiento urgente en el recinto.
En tanto, Karina Castagnola, referente de la agrupación Hablemos de Autismo Quilmes, sostuvo que el proyecto “no solo apunta a resolver emergencias, sino también a sostener políticas públicas con una mirada estructural”. “Proponemos un financiamiento sostenible que permita el funcionamiento efectivo de las áreas de salud, accesibilidad, empleo y protección social que han sido duramente golpeadas”, enfatizó.
En ese sentido, la líder de la organización destacó la necesidad de contemplar a quienes garantizan la atención de las personas con discapacidad: “Los prestadores están colapsados, sin recursos para seguir operando. Esto pone en riesgo no solo empleos, sino también la continuidad de terapias, tratamientos y apoyos indispensables”.
Desde los bloques opositores, en tanto, insistieron en que el Congreso “debe actuar con celeridad” en el marco de la emergencia que atraviesa el sector que hoy se encuentra en manos del Ministerio de Capital Humano. “No hay más tiempo. Estamos ante una situación crítica, y el Estado debe estar presente para garantizar derechos”, afirmaron voceros parlamentarios que respaldan el dictamen.
Con una combinación de presión social y estrategia legislativa, el tratamiento de la emergencia en discapacidad se convirtió en uno de los ejes centrales del debate parlamentario de las últimas semanas, por eso, la jornada de este miércoles promete ser determinante tanto en el recinto como en las calles.
