El Consejo de la Magistratura busca por estas horas salir de la parálisis de ocho meses sin decisiones relevantes mientras aguarda la jura de tres de los cuatro representantes de la Cámara de Senadores nacional que habilitó la Corte Suprema de Justicia.
Vale recordar que, el 16 de julio del año pasado fue la última vez que el Consejo de la Magistratura logró aprobar, en un plenario, ternas de jueces para elevar al Poder Ejecutivo, en tres concursos para la justicia Civil, de Familia y de Menores.
De todos modos, el marco de acuerdos de aquel momento entre el Frente de Todos (FdT) y la oposición no alcanzó para plantear definiciones sobre los juzgados y las cámaras federales vacantes tanto en Comodoro Py como en otros puntos del país.
Desde entonces, salvo para las cuestiones administrativas y de infraestructura tecnológica, el Consejo de la Magistratura no funciona para su principal cometido, que es elegir jueces para que los seleccione el Poder Ejecutivo y los refrende el Senado.
Cabe destacar que, el Consejo de la Magistratura tiene más de mil concursos en condiciones de ser votados por el plenario, si estuviera integrado en su totalidad, y no con 16 como ahora, si el ambiente político permitiera pactos entre el oficialismo y la oposición.
La Acordada 2 del Máximo Tribunal del jueves pasado, denegando la jura en el Consejo de la Magistratura al senador del Frente de Todos, Martín Doñate, introdujo un nuevo elemento en el conflicto de poderes que tiene de rehén al organismo. En principio, la Corte tiene que definir una fecha para que asuman los tres senadores.
“Lo único ilícito acá es lo que hace la Corte, rompiendo todas las reglas de la democracia. Nuevamente recurre a un instrumento de Superintendencia como esta vergonzosa Acordada, para dejar sin efecto un acto administrativo del Senado. Más pruebas del mal desempeño”, expresó apenas conocida la decisión el diputado consejero Rodolfo Tailhade (FdT).
Paralelamente, en el Consejo de la Magistratura, tanto los representantes de los abogados como de los jueces quieren volver a funcionar con la esperanza de que el organismo adquiera la centralidad que se merece en la discusión política.
En ese sentido, las fuentes del Consejo de la Magistratura hablan de “premura” para funcionar, demostrada en la circulación interna de “borradores de comisiones”, a instancia principalmente del bloque de los jueces.
Es preciso mencionar que, el plenario necesita 13 miembros para el quórum y dos tercios de los consejeros presentes para aprobar las ternas, mayorías esquivas desde que el titular de la Corte, Horacio Rosatti, presidió esa última reunión en julio del año pasado.
Consejo de la Magistratura: el origen del conflicto
En este marco, el conflicto se originó en diciembre de 2021, cuando la Corte falló sobre el Consejo de la Magistratura y declaró “inconstitucional” su integración de 13 miembros. Para los cortesanos, no había “balance” en un cuerpo integrado por tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores de la mayoría, dos de la minoría, un académico y un representante del Ejecutivo.
Además, la Corte ordenó sancionar una nueva ley o volver, en un plazo de 120 días, a la integración de 20 miembros con el presidente Rosatti, es decir, cuatro jueces, 8 legisladores (cuatro por cada Cámara, dos por el oficialismo, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría), cuatro abogados, dos del sector académico y uno del Poder Ejecutivo.
El siguiente nivel en el enfrentamiento de poderes llegó cuando el bloque oficialista decidió crear “Unidad Ciudadana” y reclamar de esta manera el lugar de la segunda minoría, que la Corte anuló argumentando que era un “ardid” y que la banca correspondía al senador del PRO, Luis Juez.
Finalmente, ante a la insistencia del Senado por Martín Doñate, la Corte decidió invocar su potestad sobre los consejeros y no tomarle juramento, pero sí a María Inés Pilatti Vergara (FdT), Mariano Recalde (FdT) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR), en fecha que aún resta confirmar.
