El Gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires (CABA) no lograron un acuerdo en la disputa por un presupuesto millonario para cubrir la transferencia de las competencias de seguridad metropolitana a la órbita de la administración porteña, por lo que dejaron en manos de la Corte Suprema de Justicia la resolución del litigio.
En ese sentido, las negociaciones en la Casa Rosada entre ambos distritos no llegaron a buen puerto ante la negativa de CABA de aceptar una propuesta que consideraron insatisfactoria, mientras que las autoridades nacionales se mostraron renuentes a ceder más fondos que, en paralelo, son reclamados por las provincias.
De la reunión que duró cerca de 45 minutos, participaron los representantes del gobierno porteño, Felipe Miguel (jefe de Gabinete); Martín Mura (ministro de Hacienda); y Marcelo D’ Alessandro (ministro de Seguridad). Por el lado del Gobierno, hubo una delegación encabezada por Silvina Batakis, secretaria de Provincias del Ministerio del Interior.
Luego del encuentro, y tal como ocurrió en los cónclaves anteriores para tratar el conflicto por la coparticipación, las autoridades de Nación y CABA remitieron un acta conjunta a la Justicia, tras lo cual la Corte Suprema deberá emitir un dictamen.
Se trató de la sexta reunión de conversaciones, en la cual se intentó dar cierre al conflicto por la coparticipación, mientras que en paralelo un grupo de 17 gobernadores del peronismo, entre los cuales se encontraba Axel Kicillof, emitieron un comunicado advirtiendo la injerencia de la Corte Suprema en el tema, donde expresaron su preocupación por no cumplir con las pautas del federalismo.
En ese marco, los gobernadores advirtieron a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestaron la “preocupación por la injerencia indebida” en la causa iniciada por CABA por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos.
Al no lograr el acuerdo entre Nación y CABA, la Corte Suprema quedó habilitada para definir sobre la demanda que inició el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta a raíz del conflicto por la coparticipación, que contempla un reclamo que supera los $ 210.000 millones.
En el reclamo, CABA exige el pago de una deuda de Nación de $ 98.000 millones entre 2020 y 2021, cuando le quitó recursos por coparticipación al Gobierno porteño para asignárselos al bonaerense. Para 2022, esa cifra, creen fuentes porteñas, se extenderá y representará otros $ 120.000 millones.
Según un informe presentado por la Comisión Federal de Impuestos (CFI), el organismo fijó un monto por la transferencia de la Policía a la Ciudad muy lejano de las aspiraciones de Rodríguez Larreta, puesto que estimó que el monto para 2021 debería ser de $ 43 mil millones.
De este modo, la definición volverá a manos de la Corte Suprema, quien se espera que falle primero sobre la cautelar presentada por CABA y luego sobre la cuestión de fondo. Inicialmente, de hacer lugar a la primera media, podría ordenarse que se detenga la quita de fondos.
Coparticipación: el conflicto por los fondos y la judicialización
El 10 de marzo pasado, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad mantuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri y luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de fondos de coparticipación por el traspaso de la policía destinados a CABA se retrotrajera nuevamente al 1,4% y el resto sea destinado a la provincia de Buenos Aires.
Más tarde, hacia el final de 2020, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
En respuesta, la Ciudad de Buenos Aires recurrió a la Justicia para denunciar la situación por el traspaso de fondos de la cooparticipación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones por la cooparticipación que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence este miércoles.
