Un grupo de 17 gobernadores, dentro de los cuales está el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestaron la “preocupación por la injerencia indebida” en la causa iniciada por la Ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el Gobierno de Alberto Fernández.
El gobernador bonaerense, como otros mandatariosn ya se había expresado en contra del traspaso arbitrario de fondos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Semanas atrás Kicillof denunció que la gestión de Mauricio Macri “favoreció” a la Ciudad de Buenos Aires con la asignación de recursos extraordinarios “sin sustento legal ni económico”, al tiempo que reclamó que “se busque un equilibrio como lo establece la Constitución nacional”.
En esta ocasión, el documento firmado por gobernadores fue publicado hoy, porque este miércoles vence el nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional y el de la Ciudad acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, luego trasferidos a la provincia de Buenos Aires.
“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes“, señala el texto firmado por Kicillof y otros 16 mandatarios provinciales sobre la pulseada por la cooparticipación.
En ese marco, los gobernadores advirtieron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.
En el último tramo de la pelea con Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el presidente Alberto Fernández se apoyó en los gobernadores, con quienes se reunió para exponer “los alcances de las audiencias de conciliación” tener el apoyo de ellos frente el accionar de la Corte Suprema.
“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron los mandatarios en el documento publicado hoy sobre la coparticipación.
Asimismo, los gobernadores afirmaron que quieren “que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”.
Vale recordar, que la discusión inicial comenzó luego de que el Ministerio del Interior de la Nación sostuvo que el expresidente Mauricio Macri, durante su gestión, mediante el decreto 194/2016, aumentó el porcentaje de los fondos de coparticipación de 1,4 a 3,75% y el Gobierno de Alberto Fernández busca volver al valor inicial.
“Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, concluyeron los gobernadores firmantes en el documento que versa sobre la disputa por la cooparticipación.
Los 17 gobernadores que firmaron en documento para advertir a la Corte su “profunda preocupación por la injerencia indebida” en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal son: Axel Kicillof, Buenos Aires; Raúl Jalil, Catamarca; Jorge Capitanich, Chaco; Mariano Arcioni, Chubut; Gustavo Bordet, Entre Ríos; Gildo Insfrán, Formosa; Sergio Ziliotto, La Pampa; Ricardo Quintela, La Rioja; Oscar Herrera Ahuad, Misiones; Gustavo Sáenz, Salta; Sergio Uñac, San Juan; Alberto Rodríguez Saá, San Luis; Alicia Kirchner, Santa Cruz; Omar Perotti, Santa Fe; Gerardo Zamora, Santiago del Estero; Gustavo Melella, Tierra del Fuego; y Osvaldo Jaldo, Tucumán.
Coparticipación: el rechazo de las provincias al reclamo de la Ciudad
Una veintena de provincias aprobó la semana pasada el informe técnico de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) por los fondos sobre el traspaso de la Policía a la Ciudad de Buenos Aires en 2016, estableciendo en 11.000 millones de pesos el monto de esa operación, y contradiciendo así la justificación del Gobierno porteño que fijó esa maniobra en más de 18.000 millones de pesos.
El duro informe de la CFI, sostuvo que la transferencia de recursos en 2016 en concepto de cooparticipación entre los gobiernos de Mauricio Macri y Rodríguez Larreta estuvo marcada por “una gran desprolijidad administrativa, jurídica y financiera”.
De hecho, el CFI estimó un impacto global de 43.000 millones de pesos. Los números de la Ciudad difieren ampliamente. Durante el año pasado, el gobierno de Rodríguez Larreta advirtió que dejó de percibir alrededor de 86.000 millones de pesos por los cambios en el cálculo de las transferencias por seguridad. Para 2022, estima que la caída de ingresos podría superar los 120.000 millones de pesos.
Coparticipación: el conflicto por los fondos y la judicialización
El 10 de marzo pasado, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad mantuvieron una audiencia pública ante la Corte Suprema para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por el porcentaje de fondos transferidos al distrito, que pasó de 1,4% de la coparticipación al 3,75% durante la presidencia de Macri y luego reducido al 3,5% por aquel mismo Gobierno.
El 9 de septiembre de 2020, durante la pandemia de coronavirus y a través del decreto 735/2020, el presidente Alberto Fernández dispuso que el porcentaje de fondos de coparticipación por el traspaso de la policía destinados a la Ciudad de Buenos Aires se retrotrajera nuevamente al 1,4% y el resto sea destinado a la provincia de Buenos Aires.
Más tarde, hacia el final de 2020, el Congreso nacional aprobó una ley por la que se ordenaba una negociación entre Nación y Ciudad de Buenos Aires para definir el monto a transferir, al tiempo que indicaba que el dinero no correspondería a fondos coparticipables.
La Ciudad de Buenos Aires, recurrió entonces a la Justicia para denunciar la situación por el traspaso de fondos de la cooparticipación y el máximo tribunal dio, en marzo pasado, 30 días hábiles para llegar a un acuerdo, plazo que venció el 26 de abril.
Al día siguiente de ese vencimiento, la Corte aceptó el pedido realizado por las partes y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones por la cooparticipación que sostienen ambas jurisdicciones, plazo que vence hoy.
Esta mañana, funcionarios de ambas administraciones se reúnen para hace las últimas negociaciones y ver si finalmente pueden llegar a un consenso en el tema de los fondos de coparticipación. De fracasar el último intento, la disputa tendrá que resolverse con un fallo de la Corte Suprema, una situación que se cree será favorable para la administración de Rodríguez Larreta, y que puede marcar un antes y un después en la resolución de futuros conflictos por dinero entre jurisdicciones.
