La audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia a raíz del reclamo que inició el Gobierno porteño por el redireccionamiento de fondos copaticipables dispuesto por el Ejecutivo nacional pasó a un nuevo cuarto intermedio a la espera de la reunión entre ambas jurisdicciones.
La decisión fue tomada con el acuerdo de las partes para dar tiempo a que el próximo martes 18 de mayo se reúnan fuera del ámbito de la Corte, el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán; el de Interior, Eduardo de Pedro, y el jefe de Gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
La reunión del 18 de mayo fue convocada por los ministros nacionales a través de una carta enviada la semana pasada al jefe de Gobierno porteño, en la que indicaron que el Estado nacional brega por "alcanzar puntos de acuerdos" a través del "diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y el federalismo".
Se trata de un monto que en septiembre pasado el presidente, Alberto Fernández, decidió destinar a la provincia de Buenos Aires, para solventar el aumento salarial de la Policía bonaerense ante el levantamiento de un sector de la fuerza.
El pasado 21 de abril, el máximo tribunal había confirmado que la resolución del diferendo sobre los fondos para Seguridad debía darse entre las partes, de acuerdo a lo dictado por la Ley 27.606.
En ese marco, fue que la gestión de Fernández y Rodríguez Larreta se comprometieron a reunirse y la Corte había convocado a una audiencia para hoy a las 11 para hacer un seguimiento del conflicto.
En la audiencia de hoy se presentaron por el Gobierno nacional los abogados del Ministerio de Economía de la Nación Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson y por el porteño el Procurador General Gabriel Astarloa, el ministro de Hacienda, Martín Mura, y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro.
En la reunión, celebrada con la intervención del secretario de Juicios Originarios de la Corte, Alejandro Daniel Rodríguez, las partes convinieron suspender los términos para dar tiempo a que se realice una reunión para avanzar en la resolución del problema que mantienen por el redireccionamiento de los fondos.
La Casa Rosada sostiene que toda la negociación sobre el tema debe cumplir con lo dictado por la Ley sancionada a fines de 2020 por el Congreso. En esa norma se afirma que el "gasto anual" de la transferencia de la seguridad y "su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral".
Asimismo, fuentes gubernamentales destacaron que el ámbito natural del conflicto es el fijado por la ley y no por la Corte Suprema, ya que la discusión de fondo no es por fondos coparticipables.
La “acción declarativa de inconstitucionalidad” iniciada por el GCBA tuvo su origen en cuando se produjo la quita de 1,18 puntos porcentuales, un excedente de recursos que el ex presidente Mauricio Macri le cedió en 2016 al gobierno porteño en materia de seguridad.
La Corte citó a una primera audiencia para el 21 de abril pasado que, sin acuerdo, había sido prorrogada para hoy, y ahora nuevamente al abrirse una instancia de diálogo para el 26 de febrero.
El 10 de diciembre de 2020, en una sesión especial, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo que reasigna partidas en materia de seguridad para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue rechazado por la oposición.
La nueva ley estipuló un período de negociación de 60 días entre el Poder Ejecutivo Nacional y la Ciudad sobre el monto a destinar para la Policía porteña, modificación que fue acordada en la Cámara de Diputados.
La norma aprobó el Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad de Facultades y Funciones de Seguridad en Todas las Materias No Federales Ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, celebrado entre esta última y el Estado nacional el 5 de enero de 2016.
En este sentido, dispuso que el gasto anual que demandara la transferencia y su mecanismo de actualización trimestral serán acordados en forma bilateral por el Poder Ejecutivo nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo de 60 días corridos contados a partir de la sanción de la ley.
De esta manera, se reemplazó el esquema que regía hasta entonces para el financiamiento de la fuerza de seguridad, estipulado durante la presidencia de Mauricio Macri.
