Desde hace décadas el Instituto Médico Obra Asistencial (IOMA) es una de las cajas negras de la política bonaerense. Las denuncias por corrupción salpican tanto a la administración del ex gobernador Daniel Scioli como a la de María Eugenia Vidal.
En diciembre el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) dio a conocer una investigación que prueba el pago de sobreprecios en la compra de prótesis que sumarían unos $500 millones en el año.
En paralelo, la gestión de Vidal protagonizó uno de los períodos más conflictivos de los últimos años. El reclamo de prestadores al organismo que dirige Pablo Di Liscia por atrasos de hasta un año en los pagos fue una constante.
En 2018, las protestas terminaron con trabajadores de la salud encadenados a la Casa de Gobierno; al tiempo que los médicos suspendieron su atención en varias oportunidades.
Para los empleados de la obra social, que asiste a más de dos millones de bonaerenses, la plena implementación del SIGAF significó un trastorno que congeló durante meses sueldos y prestaciones.
Y en el medio del entramado, siempre están los afilados. Diputados Bonaerenses relevó la situación de una veintena de familias que se vieron desamparadas durante el año que pasó.
Uno de los casos emblemáticos fue el de la docente de Lomas de Zamora, Gabriela Ciuffarella, que falleció esperando que el IOMA apruebe la cobertura de un medicamento para tratar su cáncer de médula ósea.
Pero más allá de su repercusión en los medios de comunicación, la crisis que atraviesa la mutual bonaerense y la falta de respuesta a sus afiliados se vio reflejada en el crecimiento de la cantidad de amparos presentados.
Este portal accedió en exclusivo a un informe de la Corte Suprema de Justicia de la provincia que da cuenta que en los últimos tres años se registraron un 31,74% más de denuncias en los diferentes departamentos judiciales.
En concreto, de 2013 a 2015 se presentaron 1.789 amparos repartidos en los diferentes departamentos judiciales de la provincia; mientras que de 2016 a 2018 (hasta 31 de octubre) se receptaron 2.357. Un 31,74% más.
En este sentido, la cantidad de presentaciones realizadas durante el primer año de gobierno de Vidal superaron a los números de los tres años anteriores y la tendencia siguió en aumento.
Se pasó de un promedio de 596 amparos por año a 785. Pero si las cifras se analizan por distrito, en muchos casos el alza es mayor. En La Plata, se pasó de 417 de 2013 a 2015, a 575 de 2016 a 2018, un 37,88% más.
En Quilmes el crecimiento fue de 135,29%, de 34 presentaciones entre 2013 y 2015, a 80 entre 2016 y 2018. En el interior la suba también es elevada: en Bahía Blanca hubo un 60,81% más, en Azul un 103,57% y en Mercedes un 96,96%.
¿Qué hay detrás de los números?
Ocultos detrás de estas cifras se encuentran familias desprotegidas. Algunas de las causas que motivaron los 2.357 amparos presentados bajo la gestión de Vidal son falta de insumos y material descartable en pacientes con enfermedades crónicas, demoras de hasta un año en la entrega de prótesis y negativas al suministro de medicación oncológica.
También se registraron presentaciones por suspensiones de la prestación del trasporte -que priva a niños de asistir a los centros de día y terapias de rehabilitación-, falta de provisión de insumos para bomba de insulina y entrega de insulina de menor calidad y rechazos a autorizar o renovar terapias de rehabilitación.
“Son muy pocos los afiliados que pueden acceder a contratar un abogado particular por los costos de los honorarios y las representaciones gratuitas sólo para las personas que carecen de ingresos. Lamentablemente el amparo es el único camino posible para tantas familias”, explican desde el grupo de madres de Mar del Plata.
Desde ese espacio, reúnen a cientos de familias que tienen niños con algún tipo de discapacidad y a las cuales IOMA niega prestaciones, en los últimos meses recibieron más de 700 correos electrónicos de diferentes puntos de la provincia con denuncias contra la obra social bonaerense.
“Queremos que no abandonen a nuestros hijos y que le cubran todas las prestaciones que necesitan. Hay demoras injustificadas y rechazos cotidianos. IOMA impone un sistema perverso para nosotros y los directivos saben que el tema de los amparos es un negocio”, agregaron a este medio.