viernes, febrero 3, 2023

La Corte decide sobre la coparticipación y hace jurar a los diputados

La Corte Suprema de Justicia de la Nación define sobre la coparticipación y hace jurar a los representantes de los diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación define esta semana sobre la coparticipación de impuestos que le corresponde a la ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles hará jurar a los diputados nacionales en el Consejo de la Magistratura, en un nuevo capítulo del conflicto de poderes con el Senado nacional.

En ese sentido, la Corte tiene pendiente decidir qué monto de coparticipación recibe la ciudad de Buenos Aires luego de que el expresidente nacional Mauricio Macri, en el inicio de su gestión, elevara lo que recibía de 1.40% a 3.75 de la masa de impuestos.

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Más adelante, en septiembre de 2020, por un decreto que luego sería ratificado por el Congreso de la Nación, el presidente nacional, Alberto Fernández, redujo en 1 punto el porcentaje de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires.

Contra esa medida, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acudió a la Corte por ser de su competencia los conflictos entre provincias y el Gobierno nacional y estableció para compensar la pérdida un gravamen de 1.2% sobre las transacciones con tarjetas de crédito en la Ciudad.

Esta semana, se estima que la Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá el número del porcentaje porteño de coparticipación, en uno de los conflictos más significativos desde lo económico entre el oficialismo y la oposición.

En las audiencias convocadas por la Corte, los representantes de la Nación y la ciudad de Buenos Aires no llegaron a un acuerdo pero discutieron sobre la base de un “exceso” de aumento por parte de Macri para que la Capital atendiera la transferencia de competencias desde el Gobierno nacional.

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Por su parte, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, busca un voto de mayoría que fije el porcentaje de coparticipación con al menos dos firmas más además de la suya, para lo que el tribunal se tomó más tiempo del que, en principio, dijo que usaría.

A ese fallo de alto impacto que prepara la Corte sobre la coparticipación, se suma también el inesperado conflicto de poderes surgido entre la Justicia y el Poder Legislativo por la representación en el Consejo de la Magistratura.

En noviembre pasado, Rosatti y sus colegas en la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuestionaron el modo en que el Senado nacional armó sus bloques para elegir a los cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura.

Por su parte, la Cámara de Senadores de la Nación ratificó a su elegido, Martín Doñate, y entonces la Corte dejó en suspenso la jura de los cuatro representantes del cuerpo, apelando a la judicialización que había iniciado el legislador del Pro que reclama la banca, Luis Juez.

A su vez, este camino de suspender la integración del Consejo de la Magistratura hasta tanto la Corte resuelva la presentación de Juez, complica la pretensión de Rosatti de acelerar la elección de magistrados en los fueros Nacional y Federal.

Cabe destacar que, desde que la integración del Consejo fue declarada inconstitucional en diciembre de 2021, el proceso de designación de jueces se estancó por completo, dado que en un año apenas se aprobaron un puñado de ternas de magistrados para el interior del país sin disidencia, cuando hay tres juzgados de la Justicia Federal vacantes.

Asimismo, en el camino de avanzar, la Corte decidió que el próximo miércoles a las 11 horas juren los cuatro representantes de la Cámara de Diputados nacional, aun cuando la designación fue retirada por la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau, y el presidente del bloque del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, impugnó en la Justicia el nombramiento.

Por último, con la jura de los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley (FdT), Álvaro González (Pro) y Roxana Reyes (UCR), el Consejo de la Magistratura quedará integrado con 16 representantes que tendrían el número para aprobar ternas, pero cierto déficit de legitimidad que seguramente será judicializado.

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