Este miércoles, la diputada bonaerense de La Libertad Avanza, Analía Corvino, lanzó duras críticas al Gobierno de Axel Kicillof por el uso de celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires y reclamó su prohibición inmediata al sostener que desde los penales se coordinan delitos, luego de que la Justicia encontrara en el teléfono del líder de la denominada “Banda del Millón” filmaciones de robos, planos de viviendas, chats para la compra de armas y autos y videollamadas en las que seguía los hechos en tiempo real.
A través de un pronunciamiento público, Corvino apuntó contra Kicillof, su ministro de Justicia, Martín Mena, y los sectores a los que calificó como “garantistas”, al afirmar que en los penales bonaerenses “vale todo” y que mientras los internos “están de joda coordinan los robos desde la cárcel”, en referencia a una causa en la que estarían involucrados acusados de haber mandado a matar a dos jubilados en San Isidro y de haber herido a otra persona mayor en otro asalto.
En ese contexto, la coordinadora de La Libertad Avanza en la Segunda sección electoral expresó su indignación: “¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto?”. En tanto que, la legisladora exigió que se prohíba con urgencia el uso de celulares en las cárceles de la provincia, al considerar que la utilización de dispositivos móviles dentro de las unidades penitenciarias “facilita la planificación y ejecución de delitos desde el interior de los establecimientos”.
Es preciso recordar que, el debate sobre el uso de celulares en cárceles bonaerenses no es nuevo y ya había motivado iniciativas legislativas, como el proyecto presentado en julio de 2023 por la exdiputada del radicalismo, Nazarena Mesías, quien cuestionó la habilitación de celulares durante la pandemia de Covid-19 y propuso modificar la Ley de Ejecución Penal 12.256 para restringir cualquier dispositivo móvil que pueda contribuir a delitos virtuales.
En su iniciativa, Mesías planteó una modificación del artículo 82 de la ley 12.256 para “prohibir el uso de equipos o terminales móviles que permita las comunicaciones telefónicas a través de aplicaciones informáticas de servicios de mensajería”, al tiempo que estableció la instalación obligatoria de inhibidores en los pabellones o módulos de cada penal de la provincia, con el objetivo de evitar la utilización de celulares con fines delictivos.
Asimismo, el proyecto incluyó cambios en el artículo que asegura las visitas periódicas con familiares, representantes legales y otras personas, especialmente padres, hijos, hijas y parejas, con el argumento de garantizar el derecho a la comunicación sin que ello implique la expansión de delitos virtuales, y sostuvo que el Estado debe gestionar herramientas que den respuesta a la preocupación ciudadana.
Por caso, el protocolo que habilitó el uso de celulares en cárceles bonaerenses entró en vigencia en marzo de 2020, en el marco de las restricciones por la emergencia sanitaria, con la intención de que las personas privadas de la libertad pudieran mantener contacto con sus allegados ante la suspensión de visitas presenciales, aunque desde entonces, según datos públicos del Ministerio de Seguridad bonaerense, las cifras de delitos virtuales fueron en aumento.
De acuerdo con esas estadísticas oficiales, los expedientes por estafas pasaron de 15.711 en 2020 a 27.919 en 2021, lo que representa 12.208 denuncias más y un incremento del 77,7%, en un contexto en el que este tipo de maniobras incluyen llamadas telefónicas y el uso de redes sociales realizadas desde el interior de unidades carcelarias mediante dispositivos móviles, por lo que tanto Corvino como la ex diputada Mesías coincidieron en la necesidad de adoptar medidas para controlar y bloquear las señales de telefonía celular e internet en los establecimientos penitenciarios de la provincia.
En línea con Corvino, Arietto reclamó respaldo a proyectos de seguridad
Por su parte, la senadora de La Libertad Avanza, Florencia Arietto, cuestionó la dinámica parlamentaria en la Legislatura bonaerense, al sostener que mientras el oficialismo impulsa iniciativas vinculadas a declaraciones conmemorativas, no acompañan proyectos vinculados a seguridad y política criminal presentados por su espacio.
“Todo es así. Piden votar: el día del venado de las pampas, la fiesta del tero, el día del lobo, etc. Ahora, la prohibición de celulares en cárceles, desalojos inmediatos, límite a excarcelaciones que presentamos desde La Libertad Avanza no lo votan”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que contrastó ambos tipos de iniciativas.
Es preciso mencionar que, las declaraciones de Arietto surgieron luego de que el diputado bonaerense de La Cámpora, Facundo Tignanelli, solicitara el tratamiento sobre tablas del proyecto ingresado por su par en la bancada peronista, Lucía Iañez, para declarar a la localidad platense de Etcheverry como la “capital provincial de la carrera de sortijas”.
“Las carreras de sortijas constituyen una tradición profundamente arraigada en la cultura argentina, con raíces que se remontan a la época colonial. La práctica, en ocasiones, añade un componente galante, donde el jinete que logra tomar la sortija la ofrece a la mujer de su preferencia”, señaló Iañez en el proyecto que, este miércoles, fue cuestionado por Arietto.
