En medio del paro docente, la secretaria general de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Sonia Alesso, cuestionó los controles que desplegó el Gobierno de Javier Milei para relevar el nivel de adhesión de los docentes a la medida de fuerza nacional.
Es que, con la reforma laboral, la educación fue declarada como servicio esencial por lo que, a pesar del paro docente, los gremios debían cumplir una cobertura del 75% para asegurar el dictado de clases.
Por tal motivo, el Ministerio de Capital Humano inspeccionó escuelas de todo el país para verificar que los gremios docentes cumplan con la cobertura mínima. “En caso de incumplimiento, se aplicarán las sanciones que correspondan”, afirmaron.
En respuesta, Alesso advirtió que “el Gobierno presiona a los docentes de una forma que nunca habíamos visto” y denunció que el Ejecutivo busca desalentar la adhesión al paro mediante mecanismos de control sobre la asistencia del personal.
“Creemos que hay un atentado muy fuerte contra el derecho a la huelga y a la libertad sindical, vamos a llevar adelante acciones legales a nivel nacional e internacional”, anticipó la dirigente gremial.
Además, la representante de CTERA sostuvo que desde el inicio del ciclo lectivo hubo reuniones con las autoridades educativas, pero que el diálogo quedó interrumpido. “Llamaron a tres reuniones y la cuarta pasó a un cuarto intermedio, todavía estamos esperando”, detalló.
En paralelo, Alesso cuestionó el nivel de recursos destinados al sistema educativo y afirmó que el presupuesto nacional atraviesa una fuerte subejecución, al señalar que es la menor inversión educativa en los últimos 30 años. “Estamos peor que en los años 90”, recalcó.
Vale precisar que, el paro docente es parte de un plan de lucha más amplio de la comunidad educativa que incluye desde clases públicas hasta una nueva marcha a la Secretaría de Educación nacional.
El Gobierno bonaerense se despegó de Nación y rechazó los controles en escuelas durante el paro docente
La Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires (DGCyE) rechazó este lunes los controles que lanzó la cartera que comanda Sandra Pettovello en las escuelas, en medio del paro docente, y solicitó que el Gobierno nacional “se abstenga de solicitar información para verificar el cumplimiento de los pisos de prestación mínima, previstos en el artículo 101 de la Ley 27.802, o de realizar cualquier tipo de fiscalización sobre el empleo público de nuestra jurisdicción”.
En paralelo, la cartera que comanda Flavia Terigi aclaró a las autoridades regionales y distritales que no deben hacer ningún tipo de declaración ni suministrar información a agentes de extraña jurisdicción. “Las autoridades de los establecimientos educativos deberán, ante cualquier requerimiento de informes de origen nacional, limitarse a señalar la falta de competencia de la Secretaría Nacional”, precisaron.
Según alegaron desde el Ministerio de Educación, el artículo 6 de la Constitución Nacional prohíbe que un organismo administrativo nacional ejerza facultades de fiscalización o sanción sobre materias reservadas a las provincias sin el proceso político-parlamentario correspondiente. “La solicitud de informes por parte de una Secretaría nacional sobre personal provincial constituye un avance ilegítimo sobre la autonomía local“, indicaron.
