En las últimas horas, el senador bonaerense de La Libertad Avanza, Matías de Urraza, cuestionó al gobernador Axel Kicillof luego de que la Justicia federal dispusiera un embargo por más de 157 mil millones de pesos contra la Provincia de Buenos Aires debido a demoras en la ejecución de obras destinadas al saneamiento de líquidos cloacales que impactan en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada.
En ese marco, el legislador que representa a la región Capital en el Senado bonaerense sostuvo que la situación “pone en riesgo a los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada“, y le reclamó tanto al gobernador Kicillof como a la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, las explicaciones pertinentes por el manejo de los recursos destinados a infraestructura ambiental que no fueron debidamente ejecutados.
“Kicillof nos sigue poniendo en peligro. Embargaron a la provincia de Buenos Aires por 157 mil millones de pesos. ¿El motivo? Se comieron el presupuesto de saneamiento de residuos cloacales y ponen en riesgo a vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada”, manifestó De Urraza en sus redes sociales, donde se preguntó qué postura adoptará la ministra de Ambiente bonaerense frente al conflicto que aqueja a los habitantes de la región Capital.
Es preciso mencionar que, la polémica se originó a partir de una resolución dictada por el juez federal Alberto Recondo, que dispuso trabar un embargo por 157.164.287.201 pesos sobre la gobernación bonaerense debido a la falta de avances en un proyecto orientado al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados en las ciudades de La Plata, Berisso y Ensenada. La medida judicial busca que la Provincia avance con obras destinadas a sanear los vertidos que actualmente impactan en el sistema hídrico integrado por el Río Santiago, el Arroyo El Gato y el Río de la Plata.
En los fundamentos de su resolución, el magistrado remarcó la gravedad del daño ambiental producido por el vertido de efluentes cloacales sin tratamiento y residuos sólidos urbanos en la cuenca hídrica de la región capital. Según se desprende del expediente judicial, la contaminación del sistema fue calificada como “aberrante”, al tiempo que se señaló que el área se transformó en un sumidero de desechos cloacales e industriales que afectan a distintos cursos de agua que desembocan en el estuario del Río de la Plata.
Para evaluar el estado ambiental de la cuenca, el juez solicitó asistencia técnica a la Unidad de Investigación, Desarrollo, Extensión y Transferencia Gestión Ambiental (Uidet GA) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, que elaboró un informe con un equipo de especialistas, y concluyó que existe un grado de contaminación “extremadamente alto” en todo el sistema hídrico, situación que fue vinculada al aporte masivo de efluentes cloacales y residuos urbanos provenientes de diferentes puntos de la región.
Los peritajes técnicos revelaron que uno de los focos principales de contaminación se encuentra en las descargas cloacales de la ciudad de La Plata hacia el Arroyo El Gato, especialmente en sectores ubicados después de la calle 1, donde se detectó una fuerte presencia de nitrógeno total asociado a residuos orgánicos. El informe también señaló que existen aportes significativos de contaminación aguas arriba, en áreas como la calle 143, La Granja y posiblemente en la localidad de Melchor Romero.
En tanto, el estudio ambiental que citó De Urraza, elaborado por los profesionales de la UNLP, también identificó que distintos arroyos urbanos de Berisso y Ensenada actúan como fuentes secundarias de contaminación. Entre ellos se mencionan el arroyo Saladero en Berisso y los cursos de agua Canal Oeste y Doña Flora en Ensenada, donde se registran aportes tanto de origen urbano como industrial que terminan impactando en el sistema hídrico regional.
Otro de los informes incorporados a la causa judicial, basado en muestras tomadas en el Río de la Plata a la altura del club Regatas, constató la existencia de un corredor costero de aguas contaminadas que se extiende a lo largo de diferentes municipios del área metropolitana y del litoral bonaerense. Ese fenómeno estaría asociado a aportes urbanos e industriales provenientes de distintas ciudades, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, Quilmes, Berazategui, La Plata, Magdalena, Punta Indio y Punta Piedras.
En su resolución, Recondo también señaló que las demoras del Estado provincial para implementar una política sanitaria y ambiental adecuada se extienden por más de dos décadas, es decir que exceden la actual gestión de gobierno. Sin embargo, recordó que el inicio de las obras estaba previsto para 2022 —durante el primer mandato de Kicillof— y que el costo estimado para ejecutar el proyecto representaba entonces el 0,67% del presupuesto provincial. Ante esta situación, el magistrado consideró que las carencias presupuestarias no pueden justificar el incumplimiento de las obligaciones ambientales del Estado, mientras que desde la Fiscalía de Estado bonaerense informaron que apelarán la decisión judicial.
De Urraza puso la lupa en los derrumbes ocurridos en el Puerto de Quequén
A mediados de febrero, de Urraza presentó un proyecto de declaración para expresar su preocupación por los derrumbes registrados en el Puerto Quequén, una infraestructura estratégica para el comercio exterior de la provincia de Buenos Aires. Además, el bloque de senadores de La Libertad Avanza reclamaron explicaciones al Gobierno de Axel Kicillof por el estado de deterioro que, según sostienen, arrastra la terminal desde hace años.
La iniciativa del senador de La Plata apunta a “visibilizar los riesgos operativos, económicos y de seguridad” que atraviesa el principal puerto agroexportador que tiene la provincia de Buenos Aires, al advertir que el colapso parcial ocurrido en los silos del Elevador Terminal de Puerto Quequén “no puede leerse como un hecho aislado”, sino como la consecuencia directa de un proceso prolongado de desinversión, controles ausentes y prórrogas precarias de contratos concesionales vencidos.
Según plantea de Urraza en el escrito que ingresó a la Legislatura bonaerense, las decisiones administrativas de Kicillof, sostenidas durante años, generaron un esquema irregular en el Puerto Quequén que profundizó el deterioro de la infraestructura portuaria estratégica, y dejó al Estado provincial expuesto frente a riesgos previsibles, como la caída del silo de casi 100 años de antigüedad.
Cabe recordar que, el episodio que motivó la iniciativa legislativa se produjo en la madrugada del martes 27 de enero de 2026, cuando colapsó parcialmente una estructura de hormigón perteneciente a los silos del Elevador Terminal, con desprendimiento de material y derrame de mercaderías en plena área operativa.
De acuerdo al texto presentado en el Senado, la rápida remoción de los restos, “sin información pública sobre peritajes profesionales independientes ni clausuras preventivas por posibles daños ambientales”, incrementó la preocupación por la falta de controles efectivos, por lo que el bloque interpreta como una “minimización institucional” de la gravedad del hecho.
