La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), liderada por Rodolfo Aguiar, confirmó en las últimas horas que más de 65 mil contratos pierden vigencia este lunes, lo que significa que esas personas quedarán desempleadas a partir del 1° de octubre, y también llamó a coordinar acciones en las diferentes provincias del país para abroquelarse contra los despidos del Gobierno de Javier Milei.
“La destrucción del empleo en el Estado se profundiza y, al mismo tiempo, se desmantelan las políticas públicas vitales. Por eso vamos a convocar manifestaciones en todos los organismos, y les pedimos a los empleados estatales que multipliquen las protestas en todo el país”, lanzó el titular de ATE.
En concreto, el viernes, más de 100 trabajadores del Ministerio de Capital Humano, comandado por Sandra Pettovello, recibieron a través de un correo electrónico la notificación de que sus contratos de trabajo dentro del Estado, que vencen este lunes 30 de septiembre, no serán renovados por la nueva administración libertaria.
Si bien aún no hay precisiones sobre la cantidad de empleados estatales que terminarían la jornada de este lunes sin la renovación del contrato, el sindicato liderado por Aguiar advirtió que se confirmarán durante la tarde, y que los despidos masivos se extenderán más allá del Ministerio de Capital Humano, que comenzó a informar los ceses el viernes.
Al mismo tiempo, los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado, con Aguiar a la cabeza, denuncian que, en menor medida, otros sectores de la administración nacional se verán afectados, como la Superintendencia de Servicios de Salud, que habilitará reducciones de la planta transitoria en las próximas semanas.
En tanto, los miles de despidos en el Estado que llevó a cabo la administración de La Libertad Avanza hasta el momento no sólo implica más desempleados en la Argentina, sino que abre la posibilidad de incrementar el número que lanzó la semana pasada el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) respecto de la pobreza, que en el primer semestre de este año alcanzó al 52,9% de la población.
Es preciso recordar que, no es el primer recorte de empleados estatales que hace la administración de Milei. En diciembre, a pocos días de asumir, el Gobierno determinó el cese de todos los contratos firmados en el último año de la gestión de Alberto Fernández. Luego, en marzo y junio, otra tanda numerosa de trabajadores fueron discontinuados de sus tareas en el Estado.
Según informaron los trabajadores despedidos de Capital Humano, las áreas que sufrieron los recortes de este viernes son aquellas pertenecientes a la Secretaría de Cultura, que próximamente pasarán a la órbita de la secretaría General de la Presidencia a cargo de Karina Milei, y que serán reestructuradas o directamente eliminadas.
En otro orden de cosas, las autoridades del Ministerio de Capital Humano se negaron a dar información sobre la causa de los más de 100 despidos, mientras que Pettovello mantiene silencio absoluto desde hace varias semanas.
“Nosotros evaluamos el comportamiento trimestralmente, las funciones y la necesidad de los contratos dentro del Estado. Además, este 30 de septiembre, todos los que dirigimos algún área tenemos la responsabilidad de seguir evaluando personal, más en lugares donde hubo cambios de estructura”, advirtió el vocero presidencial, Manuel Adorni, la semana pasada.
La respuesta del Gobierno a las manifestaciones de ATE
En este escenario, este lunes el Gobierno nacional de Javier Milei publicó dos nuevos decretos presidenciales que afectan directamente a los empleados del Estado. El primero, el 865/2024, congeló los ingresos al sector público nacional, mientras que el segundo avaló la prórroga de los contratos que vencen hoy mismo.
De esta manera, esas 65 mil personas que están en el Estado por contratos hasta este mismo lunes podrían estirar su relación laboral con la administración nacional, aunque eso sería hasta el 31 de diciembre de este año, momento en el cual volverán a la misma situación que hoy, con una nueva posibilidad de perder el trabajo.
El otro decreto prorroga una norma que data de julio de 2022 firmada por Alberto Fernández, Juan Manzur y Silvina Batakis, en el que se habían prohibido las designaciones y contrataciones de personal en el sector público nacional hasta el 31 de diciembre de 2023. Ahora, Javier Milei decidió volver a instaurarlo hasta el 31 de diciembre de 2024.